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Acepta TSJ y SSP capitalinos recomendación por caso Lesvy

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaria de Seguridad Publica capitalina aceptaron la Recomendación 1/2018 que la Comisión de Derechos Humanos emitió por el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio.

Al cumplirse el tiempo reglamentario para que las dependencias involucradas admitieran o desecharan las observaciones del organismo, aún falta la Procuraduría General de Justicia local pronunciarse por el caso.

Y es que las tres dependencias del Gobierno capitalino estuvieron involucradas en diversas omisiones a los derechos humanos de la víctima al tratar en un principio el caso como un suicidio, así revictimizar a Lesvy, quien murió en los jardines de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con la Recomendación, las autoridades violaron el derecho de las víctimas al debido proceso con enfoque de derechos humanos, el acceso a la justicia y a la verdad, así como el derecho a la integridad personal, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y el derecho a la intimidad y a la vida privada.

Esta última observación obedece a que el área de comunicación social de la Procuraduría capitalina divulgó que Lesvy no estudiaba ni trabajaba, vivía en unión libre y no pertenecía a la comunidad de la UNAM.

“Es justamente la aplicación negligente de las normas existentes, lo que hizo que el camino hacia la justicia emprendido por Araceli Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón haya sido tortuoso.

“Durante casi un año han tenido que ser ella y él quienes han presentado datos de prueba sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, ante la negligencia y abandono de autoridades que tienen la obligación de implementar las disposiciones aplicables”, dijo en su momento Nashelli Ramírez, la Ombudsperson capitalina.

Con la aceptación de la Recomendación, tendrán que reparar el daño material e inmaterial, proporcionar atención médico-psicológica especializada, investigar a las autoridades que actuaron con negligencia en la averiguación penal.

Además de instrumentar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo en la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia.

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