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CDHDF acompañará acciones y controversias por la ley de Seguridad Interior

Ante las eventuales acciones y controversias constitucionales que se interpongan por la publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) confía en que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su análisis y determinación, garanticen el respeto a la dignidad de personas y el ejercicio de los derechos humanos en todo el país.

En el ámbito de sus atribuciones, este Organismo Público Autónomo acompañará las acciones que se interpongan ante el Máximo Tribunal que atenten contra el orden constitucional y las libertades, a través de la presentación del documento denominado Amicus Curiae, en el cual se argumente la trascendencia de atender la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

En un contexto de creciente violencia como el que atraviesa nuestro país, el diálogo entre todos los actores involucrados es necesario. Por este motivo, la CDHDF espera que las y los Ministros escuchen las voces de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instancias internacionales, academia y personas expertas en el ámbito.

La Ley de Seguridad Interior es ambigua, propicia la opacidad y pone en riesgo los derechos humanos en todo el territorio nacional. Como ya lo han señalado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes.

Para la CDHDF el problema de la violencia y la criminalidad tiene causas estructurales que no se resuelve por la fuerza, mucho menos sacando a las calles a las y los elementos castrenses, como ha ocurrido en los últimos 10 años.

Se requiere de un enfoque intersectorial que atienda los más altos estándares en materia de derechos humanos, capacitando a nuestras policías y fortaleciendo el andamiaje institucional para garantizar verdaderamente seguridad y justicia.

Legitimar las acciones de las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad pública, abriría la puerta a más violaciones a derechos humanos y perpetúa los casos de impunidad registrados en la última década en México.

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