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CDHDF acusa a autoridades de violar derechos del Caso Lesvy

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la primera recomendación del año, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal General de Justicia (TSJ), por las violaciones a derechos humanos con relación al caso del feminicidio de Lesvy Berlin Rivera Osorio, joven que fue encontrada muerta en las instalaciones de Ciudad Universitaria el 3 de mayo del año pasado.

La ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, informó que tras las investigaciones del organismo, acreditó violaciones a las garantías constitucionales, como el acceso a la justicia, a la integridad personal y a la intimidad y vida privada de la joven víctima.

Recordó que el 5 de mayo de 2017, el organismo inició la investigación de oficio, al considerar que la actuación de la PGJ violó los derechos de la víctima, luego de que se publicaran notas periodísticas, con información bajo resguardo de esta dependencia, así como otros datos que dirigían a culpabilizar a Lesvy por su propia muerte --cuya responsabilidad recayó en la entonces vocera de esa institución, Elena Cárdenas, quien sigue laborando en el mismo lugar.

Explicó la funcionaria que en la indagatoria, quedaron al descubierto deficiencias de los elementos de la SSP, quienes actuaron como primer respondiente, además de que se obstaculizó los derechos como víctimas a los padres de la hoy occisa, al impedir el acceso a la carpeta de investigación, así como negligencia en la atención a las víctimas, por ser victimizadas en varias ocasiones.

De igual forma, dijo la titular de la CDHDF, se observaron faltas a los protocolos de investigación en la materia, por parte de personal ministerial y pericial de la PGJ y del TSJ, ambos locales.

Por esta situación, el organismo recomendó dar una indemnización a las víctimas, dar atención médico-psicológica especializada, investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente, así como el trabajar en la actualización del protocolo de feminicidio, entre otras.

“No importa si se cuenta con el mejor cuerpo normativo en la materia, si no se aplica. Es justamente la aplicación negligente de las normas existentes, lo que hizo que el camino hacia la justicia emprendido por Araceli Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón, padres de la víctima, haya sido tortuoso. Durante casi un año han tenido que ser ella y él, quienes han presentado prueba del hecho, ante la negliglencia y abandono de autoridades que tienen la obligación de implementar las disposiciones aplicables”, denunció la ombudsperson.

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