Los problemas sociales que vive la Ciudad de México, sobre todo por el desmesurado número de construcciones, carencia en la distribución de agua y el uso de suelos, es debido a que el Gobierno capitalino carece de planeación. De allí la importancia de la Constitución local, donde contempla la creación del Instituto de Planeación, para definir políticas en materia ambiental y desarrollo sustentable, a fin de coadyuvar a la recuperación de la soberanía alimentaria no solo de la capital, sino del país.
Así lo manifestó el directores general de la Escuela de Administración Pública EAP), León Aceves Días de León, lo cual fue avalado por los ex constituyentes: Enrique Provencio Durazo, quien fungiera como presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, así como Mayela Delgadillo Bárcena, René Cervera García y Clara Jísidman Rapoport, al participar como ponentes de la tercera conferencia de la Constitución Política de la CDMX, con el tema “Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática”.
Provencio Durazo destacó que nada de lo que aprobaron en la citada Comisión, fue impugnado por el Gobierno Federal o los otros actores que interpusieron recursos de inconstitucionalidad y controversias, como ocurrió en otras áreas, “pues todo lo asentado en la Carta Magna capitalina fue producto de profundas discusiones, por lo que consideró que el resultado será para bien de la ciudad y sus habitantes”, afirmó.
Explicó que el sistema de planeación, será un proceso articulado y perdurable, cuyas etapas y escalas quedaron establecidos en la Constitución de la CDMX, tan criticada y atacada por varias instituciones federales y locales, así como organismos de la sociedad civil.
Este sistema, sostuvo el ex constituyente, tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; el Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los Programas sectoriales y especiales; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los Programas de Gobierno de las demarcaciones territoriales; y los parciales de las colonias, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios.
Aseguró que más allá de las posiciones políticas, los grupos parlamentarios priorizaron la progresividad de los derechos humanos para lograr el acceso a una vida digna que deje fuera la planeación discontinua, fragmentada y sin perspectiva de largo plazo que hasta ahora ha sido sometida a intereses políticos y privados.
Sin embargo, reconoció que en materia de planeación y desarrollo en la capital, se ha propiciado la especulación y segregación social, por eso subrayó la necesidad de que, a través de la Carta Magna capitalina, se establezca que cualquier proyecto de desarrollo debe tener como centro la dignidad humana como principio supremo de los derechos y de su cumplimiento.
“Reconocemos que nuestro crecimiento actual es disfuncional, se da de espaldas al entorno rural y ambiental, que esta disociado de su marco metropolitano y regional y que requiere, sobre todo, la reconstrucción del paisaje urbano social y humano de la ciudad. Partimos también de que nuestro desarrollo económico y social actual aun teniendo altos niveles de riqueza es excluyente y enfrenta diversas amenazas para su sostenibilidad”, expresó.
A su vez, Mayela Delgadillo destacó que el Plan General de Desarrollo de la CDMX definirá las políticas de largo plazo en materia de desarrollo ambiental, urbano, rural, económico, social, cultural y de seguridad ciudadana, y tendrá por objeto el equilibrio territorial y la cohesión social, cuya vigencia será de 20 años, pero podrá ser revisado en los casos que determine la ley, misma que determinará las sanciones por incumplimiento en su aplicación.
Aclaró que el Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, será elaborado por el Instituto de Planeación, aprobado por el Congreso y tendrá una vigencia de seis años, aunque la labor de este organismo será determinante para el buen funcionamiento de la capital, que hoy enfrenta graves problemas sociales, debido a que en todo lo realizado por la autoridad, “no su consideró la opinión de la ciudadanía”, afirmó.
En tanto, la priista Júsidman Rapoport comentó que los Programas de Gobierno de la CDMX y de las demarcaciones, “que pronto serán Alcaldías”, deberán ser congruentes con el Plan General y con la política de finanzas públicas.
“Serán elaborados por el Ejecutivo de la ciudad y por las Alcaldías, quienes los enviarán al Congreso local para su conocimiento durante los primeros tres meses de la administración correspondiente. Tendrán una vigencia de seis y tres años respectivamente y se evaluarán de acuerdo con la ley”, sostuvo la ex constituyente.
Mientras tanto, Aceves Díaz de León, con quien prácticamente inició esta tercera conferencia, detalló que este Instituto de Planeación, tendrá como tarea la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de que incluirá la participación directa de los sectores académicos, sociales y económicos con las modalidades que establezca la ley.
“Este Instituto será un órgano del poder público, con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrá diversas funciones, como elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación e integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica científico, accesible y transparente”, soslayó el director general de la EAP.
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