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Asalto a la Constitucion

En días recientes ha estado en el aire un tema que me desconcierta. Y es que se rumora que el nuevo gobierno cocina ya una reforma que daría nueva forma e integración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El problema no es de diseño o del número de asientos que en términos absolutos se encuentren previstos para la Corte y que son o no susceptibles de aumentarse. El tema es de política y derecho. Esa relación indisoluble que a ratos pareciera decidirse a favor de las normas pero que en la mayoría de los casos es un mero tema de poder.

El punto es que una reforma constitucional a la Corte como la que se va dibujando poco a poco, permitiría a la administración actual proponer (o imponer) a Ministros o Ministras a quienes si, de entrada deberíamos concederles que, claro que pueden y deben tener capacidades para tan relevante cargo, no necesariamente serían títeres de un sistema político, pero quienes en la lógica de designación de los integrantes de la Corte y el dominio de Morena, de cierto modo le deberían el cargo al Ejecutivo y su posibilidad congresional de hacer pasar tales designaciones a pesar de oposiciones muy insulares y por lo mismo, incapaces de sólidamente presentar resistencia.

Pero más allá de quién designa a quién y cómo, el tema es que la posibilidad de meterle mano a la Constitución por virtud de cómo quedó distribuido el poder al interior del Congreso, combinada con la posibilidad de incidir en la interpretación de nuestro texto fundamental, es un escenario que si bien puede dotar de eficacia a la toma de ciertas decisiones desde una amplia perspectiva y a partir de nuevos contenidos constitucionales, sin duda abre de igual modo, la puerta a justificaciones del régimen dadas por el poder judicial, encargado de interpretar la Constitución.

Con lo anterior, no presupongo sesgos necesarios pero la reciente designación de una Ministra cuyo esposo es contratista y amigo del Ejecutivo, es un tema que al menos a mí, no me deja de dar comezón.

Los conflictos de interés, en ocasiones van más allá del contenido y alcance de las normas al efecto existentes, es un tema de ética y ejercicio honesto del servicio público en el que también, considero que cabe, una introspección y sobre todo, una consideración política respecto de la percepción ciudadana derivada de las decisiones que se adopten en tales circunstancias.

No quisiera yo pensar que se está tomando poco a poco y por asalto a la constitución. El PRI lo hizo antes con Ministros a los que casi siempre, les tembló la mano en decisiones relevantes que implicaran al Estado. Ello, con tal de no enemistarse con el señor Presidente en turno y mucho menos, con el entonces partido hegemónico.

Hoy, tenemos en nuestro escenario de nueva cuenta a un partido dominante resultado de las urnas y en condiciones electorales incuestionablemente diversas a las del PRI en el siglo XX, condiciones que amén de filias y fobias, le vuelven legítimo sin duda. La legitimidad es sin embargo, una liga que como todas, aguanta un número finito de estirones y que no tolera abusos en el mundo de hoy.

Esperemos que haya responsabilidad y despliegue de ética en lo que haya de venir. La interpretación de la Constitución implica una importante incidencia en cómo nos explicamos, nos justificamos y nos administramos mediante normas como Estado, como pueblo y sobre todo, como individuos.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA