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Una Constitución y muchas discusiones pendientes

El día de ayer tuvieron lugar finalmente las elecciones para el Constituyente de la Ciudad de México.

Cuatrocientos cincuenta millones de pesos, centavos más, centavos menos; fueron erogados. Eso, sin contar lo que costarán los trabajos del órgano por el que se votó.

El punto no es sólo dinero, eso es claro. Finalmente, tenemos una democracia cara, en gran medida porque es el costo de imponerse a la desconfianza de la que venimos como país en lo electoral y desde un punto de vista histórico. Por eso también, tenemos una excesiva regulación en la materia. A fuerza de billetazos y legislación, hemos querido acabar con la trampa y la desconfianza. Y hasta cierto punto pero sin ser triunfalista, se ha logrado. Esos avances se deben reconocer.

El México de hoy, sin duda en nada se parece al del siglo pasado desde el punto de vista de la apertura política, la equidad de género, la transparencia (con sus bemoles) y las prácticas democráticas institucionalizadas. Si nos olvidáramos por un momento de un análisis cualitativo y nos quedásemos meramente en los procedimientos, podríamos incluso hablar de una “normalidad democrática”.

El problema quizá radica en que “normalidad democrática” sin calidad es un sinsentido. Hasta finales del siglo XX, eso no era así. Pero ya sabemos que eso se debía a la dominancia de un solo partido y las características no poco aberrantes de nuestro sistema político en aquellos tiempos pero sobre todo, por la capacidad que tenía el sistema para no sólo administrar, sino despresurizar los conflictos a través de efectivas dosis de control, represión o concesiones graciosas.

La sociedad mexicana sin embargo, también ha cambiado en su forma de percibir y reaccionar ante lo político. Cuando la gente sale a votar y su voto no acaba traduciéndose en políticas que les beneficien en lo práctico y desde una perspectiva de mediano y largo plazo, ejerce crítica ahora en espacios y foros que ya no son los tradicionales. Los escándalos políticos, la corrupción imperante en todos los niveles y espacios sociales, el eterno postergar por parte de los legisladores respecto de estos temas y su no hacerse cargo de las cosas, son tópicos que fluyen con toda celeridad de un rincón al otro del país. Las redes sociales, cada vez más se llenan de discusiones, posiciones, críticas, loas, y demás manifestaciones de aprobación o desaprobación de los unos o de los otros.

Las campañas que vimos, se basaron en visiones ideales y poco realistas de la capital del país que además, en muchas ocasiones pretendían adjudicarse los avances políticos históricos de la naciente ciudad. Otras, para no variar, se basaron en críticas, descréditos, calumnia, diatriba y demás prácticas carentes de propuestas serias (esto no sólo en la Ciudad de México). Así, lo que falta ya es que nuestros políticos se cambien el chip o actualicen su software para que dejen de operar bajo lógicas oportunistas, partidistas, de grupo o de grupúsculos. Para acceder a ese elemento cualitativo de la normalidad democrática que la gente no encuentra o no concibe ya como dable de parte de una clase política que actúa por motivos meramente electorales y conveniencia político-económica; que se comporta como lo hace y además se exhibe en sus excesos.

Todo eso, es información que no pasa desapercibida ya para el electorado. Es entonces cuando la gente voltea a ver y con toda razón, el tema del dinero gastado y claro que encuentra las notorias diferencias entre lo que es y lo que la más mínima o primitiva intuición incluso, les dice que “debería ser”.

Las predicciones de votación entendida como participación ciudadana no eran nada halagüeñas en nuestra ciudad antes de la jornada al ubicarse entre el 18% y el 20%. Ello, es evidente que pondría en entredicho no sólo todo el ejercicio, sino la legitimidad del proceso mismo al implicar que sólo 2 de cada 10 capitalinos habrían de votar.

A las 23:00 horas del día de ayer, parecía haberse rebasado levemente tan triste expectativa pero la verdad es que en cualquier caso, un porcentaje de participación inferior al 30% en un universo de más de siete millones de electores registrados y en aptitud de votar, a todas luces no puede tomarse como positivo con independencia de su validez jurídica y los efectos que tendrá.

Los motivos para un porcentaje de participación tan bajo en un ejercicio tan novedoso, que al menos en teoría debería haber prendido en el ánimo del elector, pueden ser materia de mucha elucubración pero en el ambiente gravitan me parece (y quizá sería necio negarlo), explicaciones que tienen mucho que ver con el hartazgo ciudadano ante sus políticos.

Hartazgo ante una percepción ciudadana generalizada de que para ellos, somos postergables en nuestras necesidades y prescindibles hasta en lo electoral por la existencia de cuadros partidistas de voto duro o clientelar (p.ej.: De la votación válida emitida hasta las 23:00 horas de ayer, poco más del 83% se emitió a favor de partidos políticos y poco más de 8% para opciones independientes). Voto duro que al salir a las urnas en cada elección, al menos les representa un mínimo de participación que les permite repartirse el pastel político en concordancia con sus cuotas, muchas veces pactadas. Baste como ejemplo e insisto en ello porque verdaderamente me parece indignante, el hecho de que 40% de la integración del Constituyente capitalino se decidió antes, al margen de cualquier elección y sin escrutinio ciudadano. Por dedazo.

Lo grave, es que al postergarnos ellos; se postergan también las verdaderas discusiones pendientes que nos atañen y con ello, las decisiones que puedan zanjarlas para beneficio real de las mayorías.

La mezquindad de visión por parte de los actores políticos es la misma que poco a poco, los ha acercado y acerca a porcentajes de participación tan bajos, que conforme a la más elemental lógica, plantean dudas y cuestionan la legitimidad de los votados y el eventual ejercicio de sus encargos.

En fin, ya veremos al acabar el recuento de votos.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA