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Desdenes y derechos humanos

La semana anterior, en su muy particular estilo, el ex “city manager” de la Delegación Miguel Hidalgo de la CDMX, Arne aus den Ruthen evidenció a otra pésima servidora pública de la capital de nuestro país. En esta ocasión se trató de la titular del Juzgado Cívico 2 de Azcapotzalco quien en las redes sociales se ganó a pulso el mote de #LadyTopo. El motivo, en resumidas cuentas, su negativa a iniciar de modo expedito procedimientos en cumplimiento de su obligación como Juez y consecuentemente, la violación a los derechos humanos de diversos denunciantes que al acudir a la instancia mencionada, no fueron debidamente atendidos y satisfechos en su derecho fundamental a la justiciabilidad en virtud de un (ahora público) desdén por los derechos humanos por parte de la servidora pública referida.

Pero ¿qué es la justiciabilidad y por qué es tan relevante su observancia por parte de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia en todos los niveles y órdenes de gobierno de un Estado?

Empecemos por decir que los derechos humanos, no son tan sólo un cúmulo de derechos y garantías que compongan una lista de buenos deseos. Se trata de principios y conceptos que han costado a occidente sobre todo, miles de años y también vidas, para poderlos delinear, configurar, concebir y acuñar con la extensión y límites que en un Estado de derecho o que se precie de serlo, corresponde en este siglo.

Y es que la libertad personal, de expresión, reunión, conciencia, acceso a la justicia y muchos otros, en tanto derechos humanos fundamentales, no serían más que un cascarón vacío sin la exigibilidad de los mismos, es decir sin la justiciabilidad que respecto de ellos pueda válida y efectivamente ejercer cualquier persona.

Puesto de un modo simple y amén de que pudieran dictarse cursos enteros al respecto, podemos entender la justiciabilidad como la posibilidad de demandar judicialmente (y/o por la vía administrativa si ello así corresponde), la restitución en el goce y disfrute de un derecho vulnerado (con el que por tanto se relaciona de manera directa). La justiciabilidad por ende, presupone la existencia de un diseño o andamiaje institucional que comprenda instancias judiciales y/o administrativas pero sobre todo, la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho.

En 2011, la Constitución federal fue reformada de modo fundamental para poder llevar a las personas y sus derechos humanos, al centro del quehacer y la consideración de los actos de toda autoridad del Estado mexicano. Se creó así, un nuevo paradigma que habría de servir como faro o guía de todo acto de autoridad para que todas las personas en México, gozaran efectivamente de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, “así como de las garantías para su protección”, cuyo ejercicio, establece nuestra Carta Magna, no es susceptible de restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. Se colocó en el centro a la Persona considerada a la luz de la dignidad humana.

Pues bien, la justiciabilidad, compuesta por el andamiaje institucional ya mencionado y los procedimientos al efecto aplicables, es precisamente la garantía para la protección de los derechos humanos de las personas y a su vez, constituye un derecho humano fundamental porque como hemos dicho, sin ella, no es posible accionar ante las instancias correspondientes para ser restituidos en nuestros derechos y hacerlos efectivos.

Lo ocurrido en Azcapotzalco la semana pasada y evidenciado con el histrionismo habitual del señor Aus den Ruthen, pone en claro algo muy preocupante. El paradigma que como mexicanos decidimos darnos en nuestra Constitución para que sirviera como la lente a través de la cual deba percibirse y entenderse la ley para su aplicación, no ha permeado hasta las esferas de la administración de justicia con la que más contacto tenemos los ciudadanos de a pie, esa con la que nos enfrentamos muchas veces en un primer contacto y que de ser otra la realidad, mucho ayudaría a solucionar conflictos que se presentan en nuestra sociedad día a día y que tienen que ver con la responsabilidad cívica.

El ejemplo de Azcapotzalco no es excepcional, todos lo sabemos. Es tan sólo, uno de miles y miles que muchos mexicanos enfrentamos de manera cotidiana no sólo en la capital sino en todo el país. Y no es que el andamiaje institucional no exista o que no se encuentren legislados o regulados los procedimientos aplicables. El problema es quizá más profundo porque tiene que ver con el desdén por parte de los sujetos inmersos en el propio diseño, hacia los derechos humanos y consecuentemente, hacia las personas.

Lo que es peor, dicho desdén no es exclusivo de los juzgados cívicos que formal y materialmente no son parte de la rama judicial del estado, es una práctica muy común en muchos ámbitos de gobierno, en delegaciones, ventanillas de atención ciudadana, oficinas municipales, locales y/o federales de la rama administrativa y tristemente también, judicial (como litigante me he tenido que enfrentar a autoridades que a pesar del expreso contenido constitucional incumplen su obligación, se salen por la tangente y desdeñosamente contestan muchas veces: “pues promueva un amparo licenciado”). Los sujetos sentados en las sillas clave para que el día a día avance con cierta normalidad, no sólo no dan la centralidad debida a las personas y sus derechos, sino que muchas veces, de manera deliberada pasan por encima de ellas con sus actos. El panorama por fortuna, cambia cuando se llega por necesidad a tribunales encargados de administrar justicia de tipo constitucional pero en ese punto, generalmente los ciudadanos ya tuvieron que caminar un tortuoso y espinoso camino que les implica costos de todo tipo. Es decir, para entonces ya es tarde.

Es imperativo, que se hagan cuanto antes, esfuerzos por concientizar, capacitar y evaluar a quienes en cualquier ámbito de competencia, tienen la obligación de servir al público y aplicar de manera ciega las normas en materia de derechos humanos en favor de toda persona con la que tengan contacto con motivo de su encargo, empleo o comisión. No hacerlo, es volver inoperante el sistema de protección de derechos humanos y dejarlo a la veleidosa voluntad de personas como la Juez que motiva en esta ocasión mis reflexiones y mi profunda preocupación.

No podemos seguir dejando que todo se resuelva en amparos por parte de autoridades encarnadas en sujetos bien instruidos y entrenados en materia de derechos humanos que por ende y aunque tarde, dan contenido a la justiciabilidad mencionada de inicio. El sistema así, se colapsa porque se genera un cuello de botella en ese nivel y todo, porque los demás no hacen lo que es su obligación hacer.

La realidad es que en contra del mandato constitucional, las normas relativas a los derechos humanos por desgracia, no se interpretan de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia para garantizar a las personas la protección más amplia. Así, quedan huecos los derechos humanos de las personas porque acaban por ser sólo términos a los que no se les da contenido a través de una efectiva observancia y aplicación. Así, las personas sufren y resienten daños que tardan en repararse y muchas veces no se reparan.

Esperemos que con independencia de hashtags, trending topics, histrionismo y formas con las que se puede o no estar de acuerdo, nuestra Asamblea Constituyente se haga cargo de esto que es una problemática real. Hago votos porque en esta materia al menos, si se logre establecer una diferencia sustancial y no sólo se reproduzcan o escriban de otro modo los contenidos de la Constitución federal a la que en cualquier caso se debe ajustar la que habrá de surgir; sino que se haga un verdadero análisis y ejercicio que lleve al blanco y negro los medios que permitan la justiciabilidad de que hablamos y sobre todo, genere un efectivo sistema de capacitación, evaluación y responsabilidades que abarquen a todas, sin excepción alguna, las autoridades de la naciente Ciudad de México.

Espero, que se tome en serio a las personas.

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Me sumo al llamado, es

Me sumo al llamado, es momento de maximizar derechos, pero de raíz, es decir, capacitando, sensibilizando y en su caso, penalizando a quien tiene la encomienda de garantizar, promover y proteger. La tarea constituyente debe ser más que una bonita redacción!!

 

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA