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El destino que nos ha alcanzado

El destino planteado desde el gasolinazo nos ha alcanzado. A partir del próximo jueves 27 de abril de 2017, los habitantes de la Ciudad de México habrán de cubrir y resentir el incremento autorizado a las tarifas de microbuses y combis.

El aumento autorizado será de un peso como máximo, según se dice. Falta ver lo que las mafias del transporte determinen y apliquen en la realidad, sobre todo en ciertas rutas y ubicaciones que son tierra de nadie desde el punto de vista del control y la verificación. Zonas en las que se paga lo que el operario pide o simplemente, no se transportan las personas, hagan lo que hagan.

Por su parte, el gobierno local aclaró que el Metro, el Tren Ligero, el Metrobús y demás opciones de transporte, quedarán sin alteración en sus tarifas de cobro.

La motivación de tal autorización tras el aumento al precio de los combustibles se dice, obedece a los esfuerzos por garantizar el abasto de transporte y más que nada, proveer al pago de los costos de operación de los concesionarios que operan dichas modalidades de transporte, no así a mantener utilidades.

Así, los costos en microbuses y vagonetas será de cinco pesos para distancias menores a cinco kilometros, de cinco pesos con cincuenta centavos si la distancia es mayor a cinco pero menor a doce kilómetros y seis pesos con cincuenta centavos para distancias superiores. Los autobuses concesionados por su parte, cobrarán seis pesos para distancias inferiores a cinco kilómetros y siete pesos para distancias mayores.

Los operarios, tienen la obligación de exhibir en lugar visible en vehículos, paraderos, bases y terminales las tarifas autorizadas so pena de que de no hacerlo así, el aumento autorizado no tendrá efecto alguno.

Adicionalmente, desde el viernes anterior entraron en vigor diversos estímulos fiscales para transportistas en su modalidad de colectivo, taxis y transporte de carga. Dentro de las medidas adoptadas en tal sentido, se prevén importantes descuentos en trámites como la obtención y renovación de la revista vehicular, el pago de multas e infracciones, pago por concept de licencias y tarjetones y prórrogas de concesión.

A pesar de ello, ya han empezado los amagos por parte de concesionarios agremiados y organizaciones del medio, en el sentido de incurrir en paros en la provisión de sus servicios y la realización de marchas. La respuesta de la Secretaría de Movilidad por su parte, ha sido una contra amenaza: la aplicación de sanciones y la revocación de concesiones.

Y me queda claro que la autoridad no debe tolerar que tras la autorización del incremento comentado, los concesionarios todavía presionen o amaguen con interrupciones o paros en el servicio.

Lo que me preocupa, es que en el agregado y como siempre, son los ciudadanos literalmente de a pie, los que pagan el costo de todo y en más de un sentido.

Les tocará cubrir el incremento autorizado que en términos reales es del veinticinco por ciento (en un país en el que los salarios se han visto ridículamente aumentados por décadas). Les tocará cubrir la falta de transporte si es que los concesionarios cumplen con sus amagos a la autoridad o bien, si ésta cumple con las medidas que debe aplicar y ha dicho que no titubeará en hacerlo. En cualquiera de los escenarios, los que pagan son los mismos.

¿Hasta cuándo habrá un plan integral de movilidad con una consideración seria de opciones que no se reduzcan a vías de cobro o segundos pisos? Junto con el tema del abasto del agua y el manejo de la basura, este es un asunto cuya atención es de una natural prioridad para una urbe como la capital del país.

Es sin duda, un tema de viabilidad, de sustentabilidad. Por ello, es insultante que no se atienda de un modo integral y sólo se administre el conflicto con una perspectiva política y no operativa.

Esta situación persiste desde siempre y por igual tiempo, ha sido tratada como un medio para la obtención de control o influencia política. Ejemplos sobran. Los microbuses cuando surgieron son quizá el mejor ejemplo, la forma en que se extendieron las rutas hasta hacerse de la ciudad completa, el uso político de las organizaciones de los concesionarios por parte de líderes tribales, … Pero lo mismo ha sido con los taxis, los tolerados, los bicitaxis, mototaxis y si le hurgamos un poquito nada más, con organizaciones de la sociedad civil o vecinales, gremios laborales, económicos, tianguis, etc..

Por lo pronto, apunte esta otra en la libreta de desaciertos querido conciudadano. ¡Imagínese! Y así, pedirán nuestro voto hacia el 2018.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA