Entre acciones y reacciones

Después de que la Legislatura del Estado de Jalisco, aprobara la iniciativa de reforma constitucional local presentada en su momento por el diputado independiente Pedro Kumamoto, en el sentido de retirar el fuero a los servidores públicos de dicha entidad, el Jefe de Gobierno de nuestra capital se apresuró a advertir que “el fuero es impunidad” y “un gran lastre”.

Aunque aún se requiere que al menos sesenta y tres cabildos jaliscienses aprueben también la iniciativa referida, llama poderosamente la atención que el tema cobre centralidad en la CDMX y ahora si, hasta los actores principales de la política capitalina volteen hacia ese tema que tanto les ha favorecido en el pasado y a nosotros los ciudadanos, tanto nos ha lesionado a pesar de haber sido un reclamo desde hace más de una década.

Y es que hay que decirlo claramente, lo ocurrido en Jalisco en nada se parece por ejemplo, a los delirantes esfuerzos del Gobernador Duarte por cubrir sus espaldas en Veracruz. Desde el punto de vista cualitativo, hay diferencias fundamentales que hay que subrayar. Primeramente, el origen de la iniciativa que en el caso de Jalisco, obedece a un candidato independiente que llegó a la curul que ocupa contra todas la expectativas y con una novedosa y austera forma de hacer política que en mucho, contrasta con los pasmosos dispendios partidistas. En segundo lugar y aunque esa se haya quedado en el tintero o al menos pendiente, que la reforma en trámite ante los cabildos de ese estado venía originalmente acompañada de una iniciativa que planteaba juicios políticos ciudadanos (hasta allá no quisieron llegar los partidos). En otras palabras, desde su origen se trató de una propuesta seria y de fondo que por fortuna (y por conveniencia político-electoral), acabaron al menos parcialmente, recogiendo los partidos a través de los demás integrantes de la legislatura jalisciense.

Pero volvamos a la CDMX porque resulta que el viernes anterior, en el marco de la presentación del informe final del Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, Mancera dijo que “est[á] convencido que esta parte del fuero es una impunidad que plantea la ley y que choca a la gente” y que su Gobierno no está a la espera de ver qué sucede con la Ley 3de3 para actuar.

Una lectura inocente de lo anterior podría caer en el error de considerar oportuna y sobre todo, tranquilizante para los capitalinos, tal reacción de parte de su gobernante después de que en otra entidad va fraguando ya un avance sustancial en materia de combate a la corrupción.

Sin embargo insisto, es curioso que hasta ahora el tema cobre tal relevancia para la cabeza más visible rumbo al 2018 de un PRD en caída libre, acéfalo de facto y mermado en lo político y electoral por el partido producto de una fragmentación de sus cuadros y estructura. Sobre todo, cuando los trabajos del Constituyente de la CDMX serán, por virtud de ello, encabezados (lo quieran o no los perredistas) por Morena tras haberse consolidado como la primera fuerza política en la capital mexicana.

Y es que tal parece, que se trata de llenarse la boca con discursos y enarbolar banderas antes despreciadas, mientras ello ayude a seguir jalando agua para el propio molino. El desfase entre la acción ciudadana por un lado y la reacción partidista por el otro, es por demás evidente. Así, llegan tarde tales expresiones de pretendida apertura, transparencia y combate frontal a la corrupción que buscan congraciar a una maltrecha izquierda con un electorado capitalino otrora cautivo y cliente incondicional del partido del sol azteca al menos en la capital del país.

Tristemente, se trata para los actores políticos de decir que ellos lo vieron, pensaron, hicieron y dijeron primero que el otro para colgarse la medallita (cual si fuesen niños discutiendo), cuando en realidad, todos sin excepción; han llegado a este punto de admisión de lo innegable e impostergable, por virtud de presiones externas que les superan dado el contexto de escandalosa corrupción que corroe la vida institucional del país y les involucra a todos. Es decir, se trata de palabras huecas para ellos pero que están obligados a decir e incluir en sus discursos porque ya no es posible volver a tapar las innumerables cloacas por todos conocidas y de nada grata, fama mundial.

El discurso tradicional, bien saben que ya no vende ni venderá ante un electorado cada vez menos participativo y más harto de una clase política insensible y ciega ante una realidad desastrosa creada por ellos mismos.

Así, nos tratan de convencer de que el fuero es ahora el enemigo a vencer y la causa de todos los males. Nada más falso que ello.

El fuero como institución jurídica es rastreable en sus orígenes (y a pesar de las diversas opiniones al respecto) a partir de antecedentes tan remotos como las Siete Partidas de Alfonso X y la “freedom from arrest and molestation” del derecho inglés (sin olvidar que los rasgos definitivos de la inmunidad parlamentaria se dieron en la Asamblea Nacional francesa de 1790) y su racionalidad desde entonces, descansa en la necesidad de proteger a los integrantes del órgano legislativo ante eventuales abusos, presiones y manipulaciones del monarca (o poder ejecutivo en su caso) para de este modo, garantizar la independencia de los legisladores en el desempeño de su importante labor. Posteriormente, su uso y protección se extendió a funcionarios judiciales y de otros tipos, respecto de denuncias penales promovidas por la ciudadanía en general pero con el mismo sentido, es decir, proteger las funciones mas no así, a los individuos en particular.

La verdad es que el fuero constitucional así comprendido, como debe ser, es una institución que busca facilitar la acción, el juego y la construcción políticos y sobre todo, materializar una efectiva limitación del poder despóticamente ejercido por la rama ejecutiva, a través de un diseño de pesos y contrapesos.

Es decir, el problema no es y nunca ha sido el fuero. El problema real en sistemas jurídicos como el nuestro, es la torcida y aberrante interpretación a modo que le han dado quienes detentan posiciones de poder y abusan de tal figura constitucional. Por algún motivo, somos muy dados y muy buenos para tropicalizar las cosas.

Así, es válido afirmar que a diferencia de como lo manifiesta de forma oportunista Miguel Ángel Mancera, el fuero no es lo que genera impunidad. Son los individuos quienes lo hacen, amén de la falta de eficacia en la aplicación de la ley o su aplicación selectiva en contra del adversario político y por parte de actores con intereses que desfiguran la legalidad en beneficio de sus intereses y los de su grupo.

Veremos cómo nos va ahora que la tendencia apunta a que en breve, quizá se remueva el fuero en más entidades y en la Constitución que haya de surgir para la CDMX. Es claro, que nos venderán o intentarán convencer de que con esto, se dará un cambio sustancial.

Sin embargo, sin una eficaz e imparcial procuración y administración de justicia, pocos serán los efectos tangibles y cambios que veremos los ciudadanos porque al menos a nivel local, los gobernantes en turno aún conservan facultades metaconstitucionales y metalegales que les permiten hacer de las suyas en el terreno de los hechos, a través de un dominio de los órganos legislativos, judiciales y hasta electorales muchas veces.