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Luces en la oscuridad institucional

Se dice que la esperanza es lo último que muere. Y es que en la innegable crisis nacional y aterradora oscuridad institucional en que vivimos, con gobernadores indolentes golfistas, cancilleres que pretenden erigirse en candil de la calle, un presidente que afirma que es por oportunidades que nuestros connacionales regresan, una izquierda desmoronándose con sus eternas luchas tribales y mucho, muchísimo más; en la semana anterior se vio una luz digna de ser mencionada.

Una luz que se ha creado con base en trabajo serio desde hace tiempo, con entrega y con un equipo conformado por gente que en verdad, busca un cambio. Me refiero a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En efecto, esta fiscalía cuya mayor independencia de la Procuraduría sería quizá deseable, ha sabido a pesar de ello, usar sus facultades y sus muy limitados recursos humanos y materiales (si se les compara con la titánica labor que tienen encomendada), a través de esfuerzos dignos de ser reconocidos. Su titular, el Dr. Santiago Nieto Castillo ha construido durante su gestión, una institución digna de ser reconocida en sus empeños (que no son pocos), articulando acciones de verdadera investigación, técnica jurídica y una cercanía con las organizaciones de la sociedad civil que hoy por hoy, pocas instituciones tienen. Sus despliegues ministeriales a lo largo y ancho del país, en coordinación con las delegaciones federales de la PGR en diversas entidades cuando hay elecciones, no sólo han resultado en expedientes que revelan una imparcial procuración de justicia en el marco de sus atribuciones y competencia, sino que además, denotan compromiso y altura de miras tanto por parte del Fiscal como de su equipo.

Uno de los más claros ejemplos de lo que menciono, ocurrió apenas la semana anterior en relación con el escándalo creado de manera dolosa por quienes debían ser árbitros de la contienda electoral en el estado de Chiapas. Es decir que no sólo tenemos árbitros chapulines sino que algunos, intencionalmente decidieron meterle la mano al proceso.

Me refiero a las seis órdenes de aprehensión logradas por parte de la FEPADE y en específico, al auto de formal prisión dictado en contra de la ex consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Margarita Esther López con motivo de contratar por adjudicación directa, a una empresa que falsificó el sistema de votación en el extranjero para favorecer a determinados candidatos. Cabe señalar que otros cuatro ex consejeros se encuentran prófugos por los mismos cargos.

La imputación formulada exitosamente por la FEPADE, versa sobre una comisión por omisión al no haber desplegado acción alguna tendiente a impedir que, mediante la inclusión de datos falsos, se alterara el listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero, pese a que tenían el deber jurídico de evitarlo. Otros de los imputados lo son también, la Secretaria Técnica y el Secretario Ejecutivo del Instituto local y el representante legal de la sociedad mercantil involucrada en la grave alteración en que se incurrió.

Lo que pasó, es que la empresa indebidamente contratada de manera directa, afirmó haber recibido un total de 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos en el extranjero, distribuidos según esto en su mayoría en países como Estados Unidos, Armenia, Vietnam, Angola, Liberia, Cabo Verde y República Checa entre otros; sin haberse jamás comprobado debidamente, que los presuntos chiapanecos radicaran efectivamente en esas naciones. El Instituto local por su parte, validó 10 mil 808 de estos registros falsos.

En torno a esto, la FEPADE comprobó además, otras conductas ilegales. Entre ellas, la ya mencionada asignación directa del contrato a la empresa encargada de desarrollar el sistema de voto electrónico de los chiapanecos en el extranjero, la recepción de votos emitidos desde el interior del país, cuando era evidente que para ser válidos debían provenir del extranjero y lo que es el colmo, el registro de mil doscientos votantes desde el interior de las instalaciones del propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Es la primera vez en la historia que se ejerce acción penal en contra de funcionarios de tal nivel, lo cual de suyo es plausible al romper con la por todos conocida, añeja práctica de nuestras instituciones de procuración de justicia de encontrar chivos expiatorios de medio o bajo nivel para diluir la presión mediática y depositar en ellos toda la responsabilidad, zafando así a los peces gordos.

En tal inteligencia, quien suscribe busca con estas líneas señalar y resaltar, esa luz que se alcanza a ver entre toda esta oscuridad, cuando un equipo de profesionales, hace lo que debe hacer pero además, procura justicia en un sentido no sólo formal sino sobre todo, material. Aunque la procesada encarará el procedimiento en libertad al igual que los todavía prófugos, al tratarse de un delito no grave (por desgracia y por una cuestión de definiciones legales en realidad, mas no porque la afectación provocada no sea de la mayor gravedad), el trabajo de la FEPADE ha sido pulcro y eso, hay que decirlo claramente y con todas sus letras.

Veremos ahora, cómo actúan los impartidores de justicia pero por lo pronto, ¡enhorabuena!

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA