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Precampañas que son campañas

Los partidos contendientes ya tienen a sus gallos. La suerte ha sido echada y salvo por el hecho de que en el PAN, Romero Hicks aún pretende dar sustancia a una precampaña que se ve poco probable, las tres coaliciones ya saben quiénes les representarán en los comicios y de cara a la elección presidencial.

Las denominadas precampañas, han iniciado pero se han quedado sin objeto, pues los tres rivales van solos en sus aspiraciones. Son para efectos prácticos y respecto de la coalición cuyas aspiraciones encabezarán rumbo a la elección del próximo año, candidatos únicos. Lo anterior, a pesar de la formal denominación que hoy ostentan de “precandidatos”.

El tema es que nuestro complejo entramado legal en materia político-electoral, posee un igualmente intrincado mundo de categorías analíticas y cajones con sus respectivas etiquetas, producto de la casi obsesiva pretensión de abarcarlo y preverlo todo para, se dice al menos, cortar el paso a la trampa y a la ruptura de las condiciones de equidad en la contienda que deben prevalecer en lo electora (al menos en lo formal).

Fue esa misma lógica la que en su momento, motivó la emisión por parte de la Suprema Corte de la Tesis de Jurisprudencia 57/2010. Del sentido de la misma, se deriva que los precandidatos, entendidos como los contendientes por una candidatura en un proceso de elección interna de un partido o coalición, no deben hacer actos de campaña en la etapa de precampaña. Ello sin embargo, sin restringir el expedito derecho que asiste a los partidos para acceder a los medios de comunicación aludidos, “a efecto de dar a conocer su plataforma de campaña y difundir institucionalmente los procesos de selección interna de candidatos, dando a conocer el proceso en su conjunto” pero se insiste, sin llamar al electorado general al voto preferente en su favor.

La racionalidad expresa de la tesis era evitar que el candidato único o candidato designado directamente, cobrase ventaja iniciando anticipadamente la propaganda de campaña (realizando así, actos anticipados de campaña).

Como verá el apreciable lector, las etiquetas son las que estorban porque la lógica era aparentemente, sencilla: si estás en “precampaña”, buscando ser el candidato de tu partido que participe en la “campaña” y eventual elección, no incurras hoy en actos de campaña (llamamiento general al voto en tu favor) porque, i) aún no se define si resultarás candidato y ii) de ser el caso, te habrías anticipado a los candidatos de otros partidos que así, al no estar definidos aún, por encontrarse de igual modo en medio de un proceso de selección interna, se verían en desventaja.

El centro de la discusión referida y plasmada en la jurisprudencia constitucional emitida por el Pleno de la Corte, se centra en no restringir los derechos de los partidos políticos como entidades de interés público definidas en la Constitución y en la intención de salvaguardar un piso parejo aplicables a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Todo ello, a la luz de una serie de normas constitucionales con mayor énfasis en lo orgánico y procedimental que en lo sustancial.

Por su parte, la Jurisprudencia Electoral 32/2016 emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que algunos analistas, desafortunadamente han leído como contradictoria a lo ya definido por la Corte y brevemente explicado en párrafos anteriores, señala que cuando no existe contienda interna, por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión, asociación y para observar los principios de equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe estimarse que los precandidatos únicos pueden interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que pertenezcan, siempre y cuando no incurran en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso electoral.

Este, a diferencia del emitido por la Corte, es un criterio centrado o con el énfasis puesto en los derechos fundamentales del individuo que es candidato o candidata; es decir, en criterios sustanciales contenidos en diversos dispositivos constitucionales pero sobre todo, en otros derivados de múltiples tratados internacionales.

Por tales motivos, a mi me parece que los criterios comentados no son necesariamente contradictorios, sino complementarios. Amén de que es necesario considerar que entre el criterio de la Corte y el del Tribunal, ocurrió la reforma en materia de Derechos Humanos en 2011 y la reforma político electoral de 2014.

Sin embargo, el problema de todo esto es que el tema no es una discusión meramente de teoría jurídica que puede o no resolverse con base en interpretaciones. La naturaleza de esta discusión es política y así, escapa a las normas y a los recipientes en los que se le busca encasillar. Se trata de un problema práctico y de práctica política.

Con la marca de precandidato en la espalda, los partidos difunden a sus candidatos y de modo ridículo, al final de cada spot de radio y televisión, cuelgan absurdamente una leyenda en el sentido de que el mensaje difundido anteriormente, tiene destinatarios exclusivos de un determinado partido. Y los demás radioescuchas o televidentes,… ¿Nos tapamos ojos y oídos? ¿Apagamos los televisores y las radios? Es una tomadura de pelo.

A diestra y siniestra, se escuchan voces que van más allá de lo que deberían. Voces que hacen campaña en un momento que no es para ello pero es quizá peor, pretender ser inocente y creer que no lo harían.

El INE, ha soltado el tema y cada quien hace lo que le viene en gana porque no tienen opción en este juego que han decidido jugar. La inacción política es el peor pecado que en tal materia se puede cometer.

Todo, porque el que no se mueve no es visto, el que no alza la voz no es oído, porque hay que salir en la foto y ser escuchado una y otra vez, y porque,… ¡Pues total, todos hacen lo mismo!

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA