Inicio

Sin bozales

Al fin, la sensatez ha sido devuelta al terreno de la política nacional.

Los candidatos a los diversos cargos de elección popular, desde los presidenciables hasta cualesquiera otros que contiendan por el principio de mayoría relativa, podrán participar si es su deseo, en debates susceptibles de ser difundidos en medios de comunicación.

Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo determinó cuando revocó el por demás absurdo, ilógico y apolítico intento en forma de “acuerdo”, emitido por el INE el 19 de febrero pasado, con el fin de silenciar las voces de los involucrados en el debate que habrá de dar forma y composición, a las instituciones de nuestro país en una elección cuya magnitud, relevancia y trascendencia es insoslayable pero, que sobre todo y por lo mismo, no se puede ni se debe acallar por medio de intentos irreales y utópicos de amansar o amordazar a la política.

Una vez más, el referido Tribunal en el marco de sus atribuciones y facultades, ha dado un fuerte y muy merecido revés al INE.

Y es que el máximo tribunal en la materia, determinó que no es dable conforme a la Constitución General de la República, imponer mayores restricciones al derecho a la libertad de expresión, “que las que se encuentran previstas en ley y las que se han establecido a través de criterios jurisprudenciales” y que no pueden, sino entenderse como usos válidos del contenido constitucional, determinados y definidos por el órgano al efecto relevante a través del ejercicio de sus facultades y atribuciones.

En entregas previas, el suscrito ha criticado fuertemente el inconstitucional acuerdo del INE por ser un intento (o remedo de intento) por disolver el conflicto que es la esencia misma de la política y lo que permite distinguirla de otros campos de la agencia humana.

Pero más allá de eso y como era de esperarse, el TEPJF al revocar la barrabasada en comento, ha retirado el bozal a los agentes que participarán en los comicios y se disputarán en el marco del proceso electoral en curso, los diversos cargos que habrán de ser votados y que en suma, son más de tres mil cuatrocientos.

La racionalidad detrás de la determinación del TEPJF, tiene expresamente que ver con el hecho de que prohibir los espacios y encuentros de análisis o debates, no es sino un grave y profundo atentado contra la libertad de expresión y la libertad de información. Derechos de naturaleza civil y política cuya sustancia, concepción e integración al entramado jurídico de las democracias occidentales, no sólo ha costado vidas e inenarrables esfuerzos a la humanidad, sino que incuestionablemente, dan forma y sustancia a la democracia misma y sobre todo, dotan de un norte y un cauce a la expresión ciudadana que los partidos (a pesar de todos los pesares y vaivenes ideológicos), están llamados a estructurar y traducir en acciones y decisión pública, a la luz del artículo 41 de nuestra Constitución.

El INE, como toda institución al ser humana es falible, pero hay ciertas fallas que no sé qué tanto son excusables para quienes no sólo administran las elecciones sino que tienen a su cargo la obligación de proveer al mejoramiento y avance de las instituciones, los conceptos y las conquistas democráticas. Por lo pronto, el absurdo se desdibuja y eso es valioso.

Así que celebremos que los bozales y mordazas han caído y hablemos, debatamos, escuchemos, critiquemos, pensemos, repensemos pero sobre todo, reflexionemos querido(a) lector(a), pues en ello nos va mucho más de lo que solemos comprender.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA