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Y sigue la mata dando

El Consejo General del INE, se vio en la necesidad de otorgar registro a diez candidatos independientes más a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Lo anterior nuevamente, derivado de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por las que revocó las determinaciones adoptadas por la primera autoridad mencionada y en las que negaba originalmente los registros correlativos por insuficiencia de apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidatos independientes.

Lo que llama la atención en este acatamiento por parte del INE, es que tras la presión recibida porque el TEPJF le enmendó la plana una primera vez al ordenarle una nueva revisión que derivó en el otorgamiento de registro a tres independientes más; en esta ocasión y en lo individual, diversos Consejeros nacionales manifestaron su desacuerdo con las resoluciones que conforme al marco constitucional, no tuvieron más opción que cumplir. Ello, aduciendo en resumidas cuentas, que los solicitantes no cubrieron el requisito de casi 74 mil firmas de apoyos ciudadanos.

El Consejero Marco Baños por ejemplo, manifestó que en su opinión, el TEPJF estaba dando cabida a todas las candidaturas independientes respecto de las cuales, los diversos interesados presentaron impugnaciones ante la aludida autoridad jurisdiccional, simplemente bajo el pretexto de una falta de tiempo para realizar una debida revisión. La Magistrada Alanís por su parte y en similar sentido, estimó que la problemática que enfrentó el INE, mucho tuvo que ver en efecto, con una falta de tiempo y apoyos de tipo tecnológico, aunados al muy importante cúmulo de apoyos ciudadanos que debían ser verificados para efectos de otorgar registro a los independientes.

Además, las afirmaciones del Consejero Arturo Sánchez en el sentido de que hubo quienes pretendieron acreditar el apoyo de muertos y de gente que no vive en la Ciudad de México, son tristes pero claros indicadores de que no han sido desterradas y existen enquistadas en forma sistémica, añejas prácticas corruptas que no sólo practicaron o practican los partidos políticos.

Prácticas, que con el esquema procedimental de plazos recortados diseñado a modo para esta elección y la amplia interpretación jurisdiccional hecha por el TEPJF en razón de los motivos ya mencionados; no sólo prevalecieron y tuvieron efectos jurídicos a favor de quienes incurrieron en ellas, sino que afectan la certeza que como sociedad, se debe tener en lo electoral al tratarse de un tema de la mayor relevancia para la vida democrática local y/o nacional según sea el caso y con independencia del muy escaso interés o participación política que diversas proyecciones prevén para este ejercicio constituyente tan llevado y traído por quienes se beneficiarán políticamente y para no variar, de su celebración.

El interpretar los derechos políticos de esta forma ampliada, pero por las razones equivocadas (falta de tiempo, por ejemplo), en este momento del calendario rumbo al Constituyente pareciera y así es quizá, ser una decisión que preserva los derechos de los ciudadanos que buscan una candidatura y una participación política por la vía independiente (aunque sus tiempos de campaña se hayan reducido importantemente).

Sin embargo, el filtro real y lo sabemos, se encuentra en las urnas el día de la jornada electoral. Fecha en la que han de emitir su voto los ciudadanos, esos otros (regularmente ignorados) sujetos en la relación de representación política, cuyos derechos a la certeza y a sufragar por personas que obtuvieron la calidad de candidato o candidata a través de procedimientos abiertos, públicos, ciertos, claros y exhaustivos; se deja de lado si no se toman en serio y desde un inicio, los diseños de este tipo de ejercicios.

Así, debe quizá revisarse con cuidado la institución de los candidatos independientes para no abrir aparentemente y de inicio, la entrada a todos los posibles aspirantes a participar bajo dicha modalidad; simplemente porque ante la imposibilidad de hacer las revisiones como se debe, es preferible no afectar sus derechos políticos. Pues así, no es posible estructurar y conformar de cara al electorado que habrá de votar y de modo claro, las opciones electorales reales que se le presentan. Todo ello, aunado al hecho de que como lo hemos podido ver, las instituciones se desgastan aún más en el imaginario colectivo ante este tipo de problemas que acaban en fricciones, dimes y diretes entre ellas.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA