En busca de la legitimidad perdida
El selectivo, matizado o simulado enjuiciamiento público que ha puesto en marcha la nueva dirigencia priista de algunos militantes del partido, ex gobernadores y funcionarios públicos, que fue el poder en buena medida que utilizó EPN para recuperar la Presidencia de la República en el 2012, parece ser un intento de frenar y revertir la aguda crisis de legitimidad que sufre la “República Priista”.
Los gobernadores en México era una poderosa estructura del poder político que ha dado muestras de ser determinante en la operación y definición en los procesos electorales nacionales, particularmente en la elección de la Presidencia de la República, por lo menos desde la transición democrática. Su intervención en los comicios federales del 2006 y del 2012, demostraron su poder con una eficaz operación política en sus territorios, para que en el caso del panista Felipe Calderón pudiera derrotar al candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador. En esta operación política jugó un papel preponderante la ex Secretaria General del PRI y defenestrada dirigente del SNTE, Elba Ester Gordillo.
La reciente derrota de siete gubernaturas del PRI, demuestra que la fortaleza de esta poderosa estructura se debilitó por el abuso y envilecimiento de sus gobiernos, y su injerencia total para imponer a sus candidatos que provocó el hartazgo de la gente y por tanto de la pérdida de legitimidad del tricolor.
En el caso del debilitamiento de la imagen presidencial, ha sido generada por la suma de factores como el complejo entorno internacional y el pobre crecimiento económico, los escándalos del patrimonio de la familia presidencial y de miembros del gabinete, el tortuoso manejo de su política interna y de comunicación política, y de los deplorables gobiernos estatales que se convirtieron en un lastre para el gobierno de la “República Priista Restaurada”.
Resulta paradójico que la poderosa estructura que conformaban los gobernadores priistas, de la cual EPN echó mano para recuperar la Presidencia de la República en el 2012, perdió funcionalidad y eficacia, y han metido al partido en una crisis que no parece fácil revertir, aunque la dirigencia priista decidiera enviar a la picota a un grupo de ex gobernadores acusados de utilizar los recursos públicos de manera discrecional y de un escandaloso enriquecimiento personal y familiar.
Finalmente el argumento utilizado por el ex dirigente priista Manlio Fabio Beltrones en su carta de renuncia-diagnóstico después de la derrota electoral de siete gubernaturas del pasado junio, es utilizado por su sucesor para la supuesta campaña de limpieza moral, pero aplicado de manera discrecional por lo menos en el caso de Coahuila, por el halo protector puesto sobre la cabeza del ex gobernador y ex dirigente nacional priista, Rubén Moreira, que parece decidido a seguir manejando a Coahuila como su territorio personal.
En realidad, el flamante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, más que una guillotina para cortar las cabezas de algunos priistas corruptos o traidores a su partido, necesita encontrar la manera de renovar, reformar o transformar a un partido que ya no tiene la vieja estructura corporativa que desapareció con las llamadas reformas estructurales, que representaron el abandono de las conquistas de los trabajadores con una reforma laboral abiertamente pro patronal, con un sector agrario empobrecido y unas clases medias que ven cómo sus salarios dramáticamente se ubican por debajo de los que perciben en China.
Parece que el dirigente priista olvidó o no se dado cuenta de las reformas impuestas por los ex presidentes Miguel de la Madrid , Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, cuando definieron imponer el proyecto modernizador del llamado “liberalismo social” que rompió con el nacionalismo revolucionario que le dieron origen a su partido, y terminaron entregando el poder presidencial a los representantes de los gobiernos empresariales, que apenas en doce años, desmantelaron la estructura del aparato estatal y con ello, las posibilidades de éxito de la guerra contra el crimen organizado, provocando la ingobernabilidad en muchas regiones de la República.
El bisoño dirigente nacional priista no percibe que la alternancia y la transición democrática le dejó a su partido y gobierno una pesada herencia que entraña algunos intentos de restaurar viejas formas de legitimación y de control político prácticamente imposibles de hacer, sino es bajo la aplicación de esquemas autoritarios y represivos que llevarían al actual gobierno al desastre total y a la pérdida de la Presidencia de la República en el 2018, y posiblemente al inicio de un proceso de extinción.