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Congreso aprueba equipo de transición para Fiscalía

Por unanimidad de 61 votos, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el que quedó integrada la Comisión Técnica encargada de planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la Fiscalía General de Justicia.

Por ello, los representantes populares determinaron que dicho organismo quede integrado por: Ana Laura Magaloni Kepler, Patricia Lucila González Rodríguez, Karla Juliana Sosa González, Edgar Cortez Morales, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Layda María Esther Negrete Sansores y Héctor Carreón Perea.

Estas personas, establecieron los diputados locales, serán quienes acompañarán a la legisladora con licencia y próxima titular de la PGJ, Erenestina Godoy Ramos, en dicho proceso de transición.

El dictamen fue presentado ante el Pleno del Congreso local, donde fue aprobado por unanimidad, cuyo nombramiento corre a partir de este viernes y se extingue una vez que el Congreso declare concluida la transición de la nueva Fiscalía.

El nuevo presidente de la Comisión, Eduardo Santillán Pérez, de Morena, comentó que esta Comisión garantiza la equidad de género, así como diversidad de visiones que complementarán lo que debe ser la Fiscalía.

Explicó que la Comisión Técnica, es el órgano colegiado encargado de planear y conducir la transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a partir de este 30 de noviembre y hasta que concluya el proceso.

Luego que la convocatoria establecía que las entrevistas debían ser públicas, lo cual no se cumplió, el morenista explicó que en el proceso de dictaminación se formaron dos grupos de trabajo para realizarlas los pasados 22 y 23 de noviembre, y revisaron que los aspirantes cumplieran con los requisitos de la convocatoria.

Al respecto, el líder del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, comentó que el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía no podrá realizarse en marzo de 2019, como lo establece la Constitución local, por lo que deberá reformarse el transitorio que establece plazos para ampliarlos.

Los aspirantes, que de acuerdo con el legislador fueron 20, debían cumplir con una serie de requisitos, entre los que destacan tener nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 30 años de edad cumplidos, tener título o cédula profesional en materia de derecho, administración o afín, o contar con experiencia en promoción y defensa de derechos humanos o en actividades de administración y procuración de justicia, derecho constitucional, penal o administrativo.

De igual forma, debería poseer asesoría legislativa o consultoría a instituciones públicas con experiencia mínima de cinco años, no haber sido condenado por delito doloso, no estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones de carácter público.

También, no ser servidor público, dirigente o militante de un partido político o de los órganos de dirección en los últimos tres años, gozar de buena reputación, no tener conflicto de intereses y contar con el respaldo de alguna institución académica, de investigación, colegio o barras de profesionales, entre otros.

Además, la convocatoria establece que los aspirantes debían entregar un ensayo de cinco a 10 cuartillas, en la cual expondrían sus motivos por las que desean formar parte de esta Comisión, los retos y perspectivas de la administración y procuración de justicia, garantizando los derechos humanos.

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