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Corregir trazo en AO-Cuajimalpa, dará certeza jurídica a vecinos

Ante la incorrecta modificación a los límites territoriales entre las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, registrada en el año 2012, genera incertidumbre jurisdiccional a las comunidades de los Pueblos San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, por lo que el diputado local del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez, ese pretende corregir ese irregular trazo geográfico, que complica la gestión de sus habitantes ante autoridades locales y federales.

A través de un punto de acuerdo, que subió a tribuna este jueves en el Antiguo Palacio de Donceles, el priista refirió que el incorrecto cambio de trazo, provocó que los servicios en algunas zonas sean atendidos por la alcaldía de Álvaro Obregón, aún y cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la reproducción cartográfica de la misma, definen el límite jurisdiccional dentro de la demarcación de Cuajimalpa.

Expuso que el procedimiento de revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, violó el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, “pues si bien respetó el procedimiento para su actualización, no existían atribuciones para modificar los límites territoriales, debido a que para tal decisión tendría que haberse realizado el procedimiento para modificar la misma Ley Orgánica, de la cual nace el trazo original y delimita los territorios de ambas demarcaciones”, dijo.

Ante este panorama, el legislador del tricolor solicitó analizar los antecedentes del incorrecto cambio de trazo entre los territorios de las citadas alcaldías, específicamente en los límites ubicados entre los Pueblos de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac.

Y de resultar procedente, dijo Salazar Martínez, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) deber corregir los planos de conformidad con la normatividad y los procedimientos aplicables para la correcta prestación de los servicios en la zona, así como para otorgar certeza en materia administrativa, patrimonial, de identificación y servicios públicos a los habitantes.

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