La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 02/2018 a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la indebida investigación del asesinato de Carlos Sinuhe Cuevas Mejía, ocurrido en 2011, y las violaciones a las garantías sufridos por su madre.
Sin embargo, dichas instituciones cuentan con 30 días naturales para aceptar los puntos recomendatorios, como son: indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial, así como las afectaciones a su proyecto de vida; proporcionarles atención médica especializada e incluirlos en los programas sociales que se requiera para que continúen con su vida.
De igual forma, deberán asignar un grupo interdisciplinario de expertos independientes, para la elaboración de un estudio técnico-jurídico, que evalúe las indagatorias y las más de cinco mil diligencias practicadas, a fin de reactivar una línea de investigación, que es la muerte extrajudicial y aplicar el protocolo de Minnesota, que no se hizo.
Además, las tres instituciones están obligadas a realizar una disculpa pública a las víctimas, donde se les reinvidique y preserve la honra y memoria de Carlos Sinhue, reconociéndole su labor como activista social, así como elaborar un mural conmemorativo en su honor, en un lugar simbólico para su memoria, entre otros.
Ante familiares y representantes de varios colectivos, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, informó que la recomendación ya fue entregada a estas instancias, la cual se originó por la indebida procuración de justicia, pues no se agotaron todas las líneas de investigación, como su posible ejecución extrajudicial.
La muerte de este hombre, de 34 años de edad, visibiliza la falta de efectividad y negligencia de las autoridades responsables para garantizar la verdad, justicia y reparación del daño, ya que desde el inicio de la actuación fue inadecuada, ante un incorrecto resguardo del lugar de los hechos, una ineficaz cadena de custodia y la ausencia de líneas de investigación.
Hasta el momento, no se ha identificado el responsable, “lo cual resulta mayormente sancionable, sí existe algún indicio, por mínimo que sea, sobre la posible participación de agentes estatales, ya que esto impone a la autoridad la obligación de investigar bajo protocolos de muertes violentas, la ejecución extrajudicial”, estableció la CDHDF.
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