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Iztapalapa pagó 24 mdp por laudos laborales desde 2004

Para evitar la experiencia que sufrió su homólogo de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, reveló que durante 2017 su administración pagó más de 20 millones de pesos, como resultado de 88 sentencias derivadas de juicos laborales, cuyos expedientes más antiguos provienen desde el año 2004.

Explicó la perredista que las prestaciones demandadas en dichos expedientes, se refieren a pagos de aguinaldos, prima vacacional, aportaciones al Fondo de Pensiones del ISSSTE y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), entre otros rubros.

Además, informó que actualmente está en proceso el pago derivado de 112 litigios laborales, que de manera conjunta representan una erogación superior a los 27 millones 819 mil pesos, tras las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas cantidades representan montos desde mil hasta más de 1.5 millones de pesos.

En ese sentido, sostuvo Anguiano Flores, la Dirección General de Administración de esa demarcación estableció que no cuenta con el presupuesto destinado para continuar con los pagos para dar cumplimiento a los juicios de conciliación, promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su caso particular, contra el Gobierno Delegacional en Iztapalapa.

“Esto debido a los pagos de más 20 millones de pesos realizados en el transcurso de este año, y que por más de nueve años otras administraciones postergaron, al no dar cumplimiento a las sentencias, lo que, además, impidió la reinstalación en puestos laborales a trabajadores que promovieron juicios de este tipo”, denunció la delegada.

Reveló que en lo que va de su administración, ha tomado conocimiento de un total de 200 querellas laborales, promovidas en periodos de administraciones correspondientes a los años 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 y 2012.

Al respecto, Anguiano Flores estableció su voluntad y obligatoriedad de cumplir estas sentencias labores, por lo que instruyó a las Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno y de Administración realizar las gestiones pertinentes con el Gobierno capitalino, para obtener la suficiencia presupuestal y el pago definitivo de los juicios en proceso.

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