Es bien conocida la división de poderes que desde el constitucionalismo clásico se ha separado entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta es la forma equilibrada en que por muchos años se ha desarrolló el poder público del estado.
Sin embargo, en los últimos 20 años han aparecido en el entorno del estado organismos públicos que en estricto sentido no forman parte del “gobierno” de un país o de una ciudad, pero que desde luego desempeñan funciones específicas de carácter público en el Estado moderno.
La ciudad de México no es la excepción y por fortuna al día de hoy existen diversos organismos públicos de naturaleza autónoma que no están dentro de la administración pública del Distrito Federal, tampoco son parte del órgano legislativo local, ni pertenecen al poder judicial de esta entidad federativa.
Como ejemplos, sólo por citar algunos, tenemos el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos del Distrito Federal, instituciones todas estas y algunas otras más que al desempeñar sus funciones no sólo ejercen las atribuciones que la ley les concede, sino que en el ámbito del desempeño del estado generan contrapesos al poder público en su sentido tradicional y con ello inciden en un equilibrio sano entre el ciudadano y el Estado.
Sería necesario repensar el papel que juegan los organismos públicos autónomos en el Distrito Federal. Para hacer una mayor y mejor presencia ante el inminente cambio de gobierno tanto a nivel del Ejecutivo, esto es Jefatura de Gobierno, como en el ámbito de las 16 demarcaciones (Jefaturas Delegacionales) y desde luego también en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa de esta entidad federativa.
En el diseño actual de la ley, los organismos públicos autónomos de esta Ciudad están llamados a ser el cauce institucional de la expresión ciudadana, con ello y por ello, deben fortalecerse estructural, legal y presupuestariamente, pero lo más importante aún, deben fortalecer su autonomía y su sana distancia en relación con el gobierno y con los poderes tradicionales del estado, a fin de ser dignos representantes del poder ciudadano.
Lo anterior, significa que los organismos públicos autónomos de esta ciudad, deben estar unidos con el fin fundamental de que el ciudadano común y corriente pueda a través de ellos, expresarse y adquirir la fuerza de una institución pública para acortar de esta manera la desventaja que aquél tiene con el estado que finalmente, y a pesar de todo, sigue siendo el Leviatán.
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