Se afirma con sarcasmo que nuestra querida Ciudad de México es una ciudad de “primera”, pero de primera velocidad, porque si metes la segunda serás infraccionado con multas severas. Qué bueno que nuestros gobernantes se preocupen por el medio ambiente y establecen políticas gubernamentales (que no públicas, porque no involucran a los ciudadanos) encaminadas a proteger el medio ambiente.
El problema reside en que dichas políticas han demostrado no ser las más adecuadas para la resolución del problema y sí se convierten en una carga administrativa y onerosa para la ciudadanía. Mucho se hablado del “engaño” del programa de verificación y de lo poco viable del reglamento de tránsito.
En la práctica, el ciudadano que posee un automóvil se convierte en presa fácil por un gobierno que viola las elementales reglas del debido proceso. Por ejemplo, una infracción es impuesta bajo procedimientos cuestionables y sin tener la oportunidad de defensa. En el momento en el que se pretende realizar la verificación vehicular o cualquier otro trámite, se informa de la existencia de presuntas multas por infracciones al reglamento de tránsito. Si no son pagadas, simplemente no puedes realizar el trámite deseado.
Si las infracciones nunca fueron notificadas y tener la oportunidad de defensa, esa es una situación que al servidor público no le interesa. La respuesta es que no es de su competencia. Lo que queda es una impugnación de carácter administrativo, retrasando el trámite pretendido y, en su caso, sujetándote a un procedimiento con pocas probabilidades de éxito.
Decía Maquiavelo que El Príncipe debía hacerse temer pero nunca odiar. Lo segundo ocurriría si se apropiaba de los recursos económicos de sus gobernados y soldados, así como también de robar o abusar de sus mujeres. ¡Ojalá y lo segundo nunca pase!
@NVS_
