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Hacia el centenario de la Constitución

La causa mayor de revoluciones,

es que mientras las naciones avanzan al trote,

las Constituciones van a pie.

Thomas Macaulay

Las Constituciones son la norma jurídica suprema de los países en las que se establecen los derechos fundamentales de los individuos así como las bases de la organización del Estado.

Esto implica que una Constitución, al ser el ordenamiento supremo, se refiera exclusivamente a los cimientos bajo los cuales se edifica un Estado.

Lamentablemente en la Constitución Mexicana se regulan aspectos que no tendrían por qué estar en su contenido. Son las leyes ordinarias las que deben regular el desarrollo y detalles de las materias sobre las que versen.

Entre el texto original de la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 y el actual hay un océano de palabras.

El Dr. Diego Valadés refiere que originalmente la Constitución tenía aproximadamente 20 mil palabras y actualmente suman alrededor de 40 mil, lo cual no es sinónimo de mejoría.

Por otro lado si revisamos las diversas reformas por artículos arrojan aproximadamente 600. Nada más el artículo 73 ha sido modificado en 71 ocasiones. Para darnos una idea de la magnitud de esta cifra, baste citar que la Constitución de 1857 vigente hasta mayo de 1917, fue modificada en 34 ocasiones, casi la mitad de las que lleva este artículo solamente.

Considerando las reformas por periodos presidenciales, durante el sexenio de Felipe Calderón se modificaron 110 artículos, seguido por Ernesto Zedillo con 77 y en un empate momentáneo Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto con 66. Sin embargo es menester recordar que el Presidente Peña apenas va en el segundo año de su gestión.

Las 11 reformas estructurales tan difundidas por el actual gobierno federal son un ejemplo de continuidad en la falta de técnica legislativa, ya que incluyeron aspectos a detalle que están de más en un ordenamiento supremo.

A modo de ejemplo la reforma en materia de Transparencia regula a detalle el derecho de acceso a la información pública, la organización y facultades del IFAI, las controversias, organización de los órganos locales de transparencia y es entonces cuando uno concluye que todo eso debía estar en la ley respectiva. Por cierto, el decreto de esa reforma constitucional estableció que el congreso tendría un año para aprobar la ley reglamentaria respectiva, situación que debió ocurrir el pasado sábado 7 de febrero, con lo cual el legislativo federal está en falta del plazo que él mismo fijó.

Ante este escenario la pregunta es ¿A dos años para el centenario de la Constitución sería el momento de comenzar los trabajos para una nueva?

Me parece que las condiciones políticas y sociales del país hacen casi imposible una Constitución nueva, ya que la incertidumbre que generaría un Congreso Constituyente probablemente polarizado y falto de consensos aunado a la falta de gobernabilidad debilitaría aún más el endeble Estado de Derecho llevándonos a la parálisis máxima. Sin embargo, indudablemente como ha acontecido en varios países del mundo algún día tendremos que llegar a una nueva Constitución.

Mientras tanto, más que festejar los 100 años de la Constitución como si fuese un cumpleaños en la cual nos tomamos la foto soplando las velas de un pastel, hay que tomar la oportunidad para que de fondo reflexionemos sobre su contenido, deficiencias, méritos y alcances y que aprendamos autoridades y gobernados a respetarla.

Que estos dos años nos den la oportunidad de analizar pensar y cambiar a efecto de que no dosifiquemos el cumplimiento de nuestra Constitución, sino que desde dentro tengamos la convicción de cumplir con lo que nos toca. Este es el único camino.

¡Hasta la próxima!

@jaime63c

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Me parece que en tiempos de

Me parece que en tiempos de crisis debemos mirar de frente los grandes temas y no solo "la emergencia semanal"
Muy importante y clara explicación
Tenemos un problema de fondo y aquí, en pocas líneas, esta perfectamente explicado.

Muchos artículos de esta misma calidad y quizá logremos un coro que se escuche
Felicidades

 

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.