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La equidad de género y los apellidos

La semana pasada se presento en comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para que de común acuerdo el Padre y la Madre pudieran decidir el orden de los apellidos de sus hijos. La iniciativa consiste en reformar el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal.

El diputado que presentó la iniciativa señaló a los medios que con esta reforma se acabaría con “siglos de arbitrariedad y machismo” y se daría “un giro a la prevalencia del apellido paterno, la creencia de la continuidad de los linajes, de los bienes y del espíritu a través de la nomenclatura del apellido”. De lo que se desprende que el motivo principal de esta iniciativa es avanzar en la equidad de género.

La igualdad de género es un derecho humano que consiste en que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Es una condición indispensable para lograr el desarrollo democrático, social y económico, la reducción de la pobreza y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, y Reino Unido, con profunda vocación en pro de la equidad de género, se da la posibilidad de que la pareja decida cuál de los dos apellidos va a usar, no se impone desde el texto de la ley.

En México la situación que guarda la equidad de genéro requiere mucho más que la posibilidad de que las parejas puedan decidir el orden de los apellidos de sus hijos.

“The Global Gender Gap Report”, es un reporte sobre la evaluación de la adecuada distribución de recursos e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cuatro rubros:

• Educación.
• Empoderamiento político,
• Participación y Oportunidades Económicas.
• Salud y Supervivencia.

En los primeros lugares se encuentran países europeos nórdicos como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. En el quinto lugar se ubica Filipinas y en el décimo Nicaragua, que son ejemplos de que es posible cerrar esta brecha inequitativa entre hombres y mujeres.

México se sitúa en el lugar 68 de 136 países en la evaluación de equidad de género al registrar un índice de 0.6917 puntos.

México obtuvo cifras por arriba al promedio mundial en educación, empoderamiento político y salud y supervivencia. En Participación y Oportunidades Económicas el registro obtenido fue por debajo del promedio mundial, ocupando los últimos lugares.

En el país hay causas muy profundas por las que no se logra la equidad de género.

Según estudios del CONEVAL de 2012, de cada 100 hogares 70 tienen por jefe de familia un hombre y 30 una mujer. Esta tendencia aumenta en tanto la edad de las mujeres es mayor, dada su mayor longevidad, por lo que al llegar a la edad de adulto mayor mas del 55 % de los hogares tienen una mujer como jefa de familia.

Todavía en el 30% de los hogares donde la mujer es la principal proveedora, se considera al varón como jefe de la familia.

En el país existe mucha pobreza, siendo las mujeres un sector muy vulnerable en este aspecto. En más de la mitad de los hogares dirigidos por mujeres el número de integrantes es elevado teniendo más miembros dependientes que proveedores.

Las remuneraciones que las mujeres obtienen de sus trabajos son menores a las que perciben los hombres. Por cada cien pesos que gana un hombre con educación básica, una mujer con el mismo nivel percibe 78 pesos, mientras que para quienes cursaron la educación superior la razón es de 92 pesos para las mujeres por cada 100 pesos de los hombres. Se nota que a mayor educación menor es la brecha salarial. Se comprueba una vez más que la Educación es la herramienta por excelencia para atacar y acabar con muchos de los males estructurales que nos aquejan.

El ingreso monetario de las mujeres depende en mayor medida de fuentes diversas a su trabajo. El 70 por ciento de las mujeres pobres dependen de recursos provenientes de programas sociales, por lo que las mujeres en situación de pobreza triplican a la cantidad de hombres pobres beneficiarios y duplican a las mujeres no pobres que también pertenecen a algún programa. Esto también se refleja en el acceso de la mayor parte de las mujeres a servicios de salud ya que cuentan con él a partir de su relación con otras personas, es decir no depende de ellas y no cuentan con garantías al respecto.

Esto también arroja situaciones preocupantes en seguridad social, ya que por cada diez hombres laborando que cuentan con los beneficios de seguridad social, sólo cinco mujeres se encuentran en esta condición.

El trabajo en casa es una de las expresiones que evidencia la inequidad de carga de trabajo a la que están expuestas las mujeres. Las mujeres dedican a los quehaceres domésticos entre diez y veinte horas semanales más que los hombres, y entre ocho y quince horas semanales más al cuidado de otros. Esto se acentúa en las mujeres en condición de pobreza, ya que tienen poca o nula capacidad para adquirir servicios domésticos en el mercado laboral y menores condiciones en su vivienda y los servicios. Estas situaciones son comunes tanto para las mujeres que participan en el mercado laboral como para las que no lo hacen. Se traduce en realizar una doble jornada laboral.
La discriminación y la violencia a las mujeres, en diferentes modalidades , son aspectos que afectan a niñas, jóvenes y mujeres.

La violencia basada en género es un término general que hace referencia a cualquier acto dañino que se realiza contra la voluntad de una persona y que se basa en las diferencias asignadas socialmente a hombres y mujeres.

Muchas, pero no todas, de las formas de violencia de género son actos ilegales y criminales establecidos en leyes y políticas nacionales.

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene efectos directos sobre la salud reproductiva, su salud sexual, sus derechos reproductivos y sus derechos sexuales.

La violencia más común lamentablemente es la que ejerce la pareja (esposo o compañero) actual o último.

De la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (EDIREH) se obtienen datos alarmantes. Una de cada 5 muertes violentas de mujeres ocurre en casa. Más del 45 % de las mujeres de 15 años o más sufrieron algún momento de violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación.

Al 42.4% las han humillado, menospreciado, encerrado, destruido sus cosas o las del hogar, vigilado, amenazado con irse, correrla de la casa o quitarle a sus hijos/as, amenazado con algún arma o con matarla o matarse.

Dos de cada diez mujeres en México han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, por mencionar algunos).

A 13.5 %, su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma.

A 7.3 % les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

La Encuesta dice que las mujeres que sufren violencia actualmente en algunas de sus variantes, ya la habían padecido desde que estaban con sus familias nucleares.

Estas cifras evidencian una situación que requiere mucho trabajo por hacer para lograr la equidad de género y que implicara continuar implementando medidas que eliminen la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Para una mujer en pobreza, cansada por una doble jornada o intimidada por su integridad, probablemente ni siquiera le interese o pueda optar realmente por la elección del orden de los apellidos. Esto hace que la iniciativa presentada no alcance a impactar en la solución del problema de equidad de género que nos aqueja.

A lo anterior habría que sumar las grandes dificultades de implementación en atención a la contradicción que esta iniciativa generaría con la legislación federal y las de los demás Estados de la Republica y el enorme gasto que generaría adecuar los documentos y formularios ya existentes para permitir la eleccion del orden de los apellidos.

Vamos a fondo para atacar este problema, con convicciónes que nazcan en el seno familiar, educación a todos los niveles y medidas legislativas, de planificación e implementación de politicas públicas serias.

¡Hasta la próxima!

Twitter @jaime63c

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.

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