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La geolocalización, un arma de dos filos

Son las diez de la mañana de un lunes cualquiera en la Ciudad de México, van un hombre y una mujer caminando por la banqueta, cuando, de un vehículo se bajan tres hombres y los suben por la fuerza a una camioneta en la que parten con rumbo desconocido. Sus hijos que iban unos pasos atrás, de inmediato, acuden a denunciar el delito, su mayor deseo es que localicen a sus padres, quieren que estén a salvo... el Ministerio Público tendría la posibilidad de girar un oficio, sin mediar ningún otro trámite u orden de un juez, con la petición a la compañía telefónica para que activen la geolocalización del celular de los involucrados.

Con diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2012 y declaradas constitucionales por la Suprema Corte la semana pasada, ahora esto es posible mediante un procedimiento ágil de localización del sospechoso.

El artículo 133 Quáter reformado en el Código Federal de Procedimientos Penales señala: "Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados. De todas las solicitudes, la autoridad dejará constancia en autos y las mantendrá en sigilo. En ningún caso podrá desentenderse la solicitud y toda omisión imputable al concesionario o permisionarios, será sancionada en términos de lo previsto por el artículo 178 Bis del Código Penal Federal."

Artículo 178 Bis :"Al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas y que se rehusare a hacerlo de forma dolosa, se le impondrán de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días multa."

Con lo anterior se flexibiliza el procedimiento, ya que no es necesaria la autorización de un Juez para que el Ministerio Público pueda solicitar la localización de los responsables a las empresas de telefonía móvil; y es que el tiempo de espera que implicaría que un Juez autorice la localización, se vería reflejado en tiempo perdido para la persecución de los delincuentes y la localización de las víctimas.

Los beneficios de la localización geográfica de delincuentes vía teléfono móvil son varias, entre estas:
- Se facilita al Ministerio Público Federal la investigación de delitos graves.
- La localización rápida de los delincuentes, que a su vez, podría evitar daños a la vida e integridad de las víctimas.
- El tiempo para localizar a los delincuentes se reduciría notablemente.

Sin embargo, también existen contras, los cuales no pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo:
- Que dicha herramienta sea mal empleada por el servidor público que la solicita.
- No hay un control judicial que garantice que la medida se lleva a cabo conforme a la ley.
- Que al solicitarse la geolocalización por un “simple oficio”, este tal vez no tenga una debida fundamentación y motivación.
- En la ley no se señalan algunos elementos fundamentales que debería contener la solicitud como es la duración de la medida.
- Se desconoce qué tratamiento se les va a dar a los datos personales arrojados por esa herramienta de geolocalización.
- Puede ocurrir una violación al derecho a la vida privada en los casos en que la geolocalización sea utilizada en personas a las que no se les logre comprobar los actos de los que se les acusa.

El derecho debe utilizar las herramientas tecnológicas para ser útil en la búsqueda de justicia, sin embargo su correcta aplicación es obligación del Ministerio Público Federal. La geolocalización imperativamente deberá ser utilizada de manera legal, responsable, ética y con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, ya que la linea que la separa de ser una herramienta útil a ser un medio de arbitrariedad y corrupción es muy delgada.
Vigilemos la actuación de la autoridad, no debemos permitir la perversión de la aplicación de este instrumento.
¡Hasta la próxima!.
Twitter @jaime63c

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.