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El uso de la Cannabis

La cucaracha, la cucaracha
ya no puede caminar,
porque no tiene,
porque le falta,
mariguana que fumar.

En el pasado la venta y consumo de drogas con fines terapéuticos fue legal en nuestro país, por lo que el debate sobre la regulación y despenalización de las drogas y en especial de la mariguana de realce en los últimos días, en realidad es un asunto añejo.

Ya el corrido revolucionario hacía alusión a que la cucaracha (refiriéndose, dicen, a las personas en forma despectiva) tenía la necesidad de consumirla, reflejo de la realidad que se vivía desde esa época.

Durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el entonces nuevo Reglamento Federal de Toxicomanía (17 de febrero de 1940), con el cual el Estado tendría el monopolio para la venta de drogas, que serían distribuidos a los adictos a su costo; de esa manera se evitaría que los compraran a los narcotraficantes.

Esto permitió al Estado proporcionar drogas (principalmente morfina) a precios que abatían el tráfico ilegal de éstas, debido a que las autoridades las vendían al costo de adquisición. Los adictos a las drogas se registraban ante las autoridades, y con la correspondiente receta, las compraban en cualquier farmacia del Distrito Federal. El único límite eran las cantidades, porque su venta era con fines médicos. Este reglamento tuvo vigencia durante muy pocos meses, debido a que el gobierno estadounidense dejó de vender medicinas al país a modo de presión, lo que obligó a las autoridades a dar marcha atrás con este reglamento.

Lo importante es que dicho ordenamiento consideraba al adicto no como delincuente sino como enfermo, y el Estado controlaba esta actividad.

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la mariguana, con un modelo por el cual el Estado regula la producción, distribución y venta de la droga como parte de la lucha contra el narcotráfico, desechando los métodos represivos que no les funcionaron.. En este marco legal, los uruguayos podrán muy pronto cultivar hasta seis plantas de marihuana y poseer 480 gramos para uso personal, o comprar en las farmacias un máximo de 48 gramos al mes, además de permitirse los clubes de entre 15 y 45 miembros para cultivar hasta 99 plantas de la cannabis.

En el caso de Estados Unidos, sólo los estados de Washington y Colorado permiten el uso de mariguana con fines recreativos, mientras que otros 20 estados permiten que la gente compre la droga por razones terapéuticas.

Desde luego, el modelo uruguayo es diferente que el de los estados de la Unión Americana. En Uruguay se estableció que el gobierno tuviese el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados, en tanto que en Colorado y Washington se regula sobre la venta y la autorización de uso recreativo.

En toda la República y especialmente en el Distrito Federal, se ha debatido mucho en torno al uso de drogas. Justo en días pasados, en el seno de la Asamblea Legislativa de la capital, se presentó la iniciativa sobre “La Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovisionamiento y uso de la Cannabis” y en el Senado de la República otra sobre la “Regulación, Control Sanitario y Tipificación en relación con la Cannabis”.

En este tema han participado intelectuales, escritores, ex y funcionarios públicos, y como casi siempre sucede con los temas relevantes, uno que otro experto. Cartas de apoyo, declaraciones y foros, van y vienen. Lo cierto es que no hay resultado concreto al respecto.

La mariguana en México es la droga ilegal más utilizada. Por no abundar en estadísticas a nivel mundial o federal, basta mencionar que según el CUPIHD, en la Ciudad de México hay aproximadamente 75,000 consumidores de Mariguana, lo que representa el 92 % del consumo de drogas ilegales, quienes gastan cada uno un promedio de $ 99.00 pesos a la semana. Esto al año significa una cantidad de 380 millones de pesos. Los resultados presentados probablemente sean menores a los que en realidad son, es común que muchas personas den respuestas negativas por temor a una sanción o rechazo.

La mariguana y su regulación es un tema principalmente de salud que debe resolverse interdiciplinariamente, tomando en cuenta aspectos de seguridad, sociales, culturales, económicos y fiscales. Modelos a analizar y estudiar abundan, como es el caso de Uruguay y muchos otros países en el mundo. Lo que no puede ocurrir es que la cannabis sea un tema secundario, utilizado para desviar la atención de otros.

Las alternativas ahí están, la peor decisión es la que no se toma. Es hora de que como sociedad, junto con las autoridades locales y federales, en lo que nos toque a cada quien, enfrentemos este problema. Es imperativo avanzar en la educación y regulación de las drogas, especialmente la mariguana y sus derivados; después no será tarde, sino de noche.

¡ Hasta la próxima!

Twitter @jaime63c

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.

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