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PRI urge al Poder Judicial definir conflicto L7 por daños a la CDMX

Si bien el PRI es respetuoso de la decisiones judiciales, en el caso de la Línea 7 del Metrobús, urge que el Poder Judicial de la Federación determine lo que se debe hacer con la obra, pues independientemente de los daños financieros que se ha ocasionado por el amparo otorgado a particulares, “es más el daño que se ha provocado a las más de 130 mil persona que diariamente se ven obligados a movilizarse por Paseo de la Reforma, pues cada día es más difícil desplazarse por esa vía, por cualquier medio de transporte”.

Así lo consideró el coordinador del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Israel Betanzos Cortés, en entrevista con El Zócalo DF, al insistir que “es imperdonable que el juez (Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García), le haya dado prioridad a la inconformidad de unos cuantos, afectando a miles. Pero lo más graves, sin duda son las contradicciones que estableció en la suspensión definitiva”, comentó.

Sostuvo que su partido se había mantenido al margen de la discusión, debido a que “sin duda se trata más de un asunto político que social o judicial, pues cada vez queda evidenciado que entre los inconformes a este proyecto, es gente que trabajó o simpatiza con el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que, sin duda, actúan más por revanchismo que por justicia o preocupación de los vecinos de la capital. Y en eso, el PRI no va a permitir o apoyar el conflicto que lo único que ocasiona, es daño a la ciudadanía”, afirmó.

Destacó que es lamentable el anunció que realizó este domingo el secretario de Obras capitalino, Edgar Tungüí Rodríguez, de que por la construcción de la Línea 7 del Metrobús, el Gobierno capitalino pierde 2.5 millones de pesos; es decir, hasta este domingo la cifra alcanza ya los 17.5 millones de pesos, “y seguirá creciendo mientras el Poder Judicial de la Federación no rectifique las contradicciones del juzgador”, enfatizó Betanzos Cortés.

De igual forma, lamentó que por decisión de este impartidor de justicia, los trabajos estén literalmente suspendidos, “pero esto no es motivo para que a los empleados se les haya suspendido sus salarios. Claro que no. A éstos se les sigue pagando, lo mismo que la renta de la maquinaria que, en su mayoría, es rentada y ahora está abandonada sobre Paseo de la Reforma, sin considerar el juez el grave caos que generan estos aparatos, pues si es movida el Gobierno corre el riesgo de ser acusado de desacato”, denunció el líder del tricolor.

Ante ello, enfatizó que es optimista de que el tribunal colegiado que se hizo cargo del recurso de revisión que interpuso la Consejería Jurídica capitalina, emita a la brevedad un veredicto, “pues esto ayudaría a que los trabajos se reinicien. Aunque lo ideal sería que esa importante avenida sea ya liberada y, en consecuencia, acaben los nudos viales que desde el lunes pasado ocurren en prácticamente todo el día”, insistió el dirigente del PRI en el Antiguo Palacio de Donceles.

Batalla.- Por su parte, el diputado local del PRI, Víctor Hugo Romo Guerra, aseguró que el Gobierno capitalino está dando la batalla en el terreno jurídico para que se concluya la construcción de la Línea 7 del Metrobús, “ya que al ser una decisión de Gobierno consensuada y que privilegia el beneficio colectivo, no compromete el patrimonio histórico-artístico-urbano de la ciudad”, dijo.

Precisó que la Sobse, responsable de la obra, “ha seguido y acata los lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “porque desde el principio se dispuso una mesa de trabajo conjunta, donde se toman las decisiones técnicas y se acuerdan los lineamientos para resguardar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la zona intervenida”, destacó.

Por ello, señaló que la obra que se realiza en Paseo de la Reforma, “debe continuar porque es un sistema de transporte público probado, menos contaminante y que garantiza una mejor movilidad ciudadana”, dijo.

Empero, lamentó que, “por intereses políticos”, se haya judicializado la continuidad de esta obra, porque está en juego el traslado con mayor calidad, seguridad y eficiencia de unas 130 mil personas, en autobuses de dos pisos menos contaminantes, más seguros y que ahorrarán el 40 por ciento del tiempo de traslado de Indios Verdes hasta Santa Fe.

De allí que llamó al Poder Judicial de la Federación a despolitizar el tema y, además, pidió hacer a un lado los intereses electorales de quienes han construido una serie de mitos alrededor de la obra, tratando de beneficiar intereses minoritarios.

Destacó que es un tema de carácter estrictamente técnico, y el corredor de la Línea 7 contribuirá a ordenar el caos vial que hoy se vive en la zona, propone una convivencia armónica con el sistema EcoBici, el auto particular y obliga a los peatones a cruzar las vialidades con mayor seguridad.

Entre otras ventajas de la Línea 7, Romo Guerra destacó que se trata de una obra pública que tiene el respaldo de Coparmex, Greenpeace, Bicitekas y Fundar, “organismos de carácter público, privado y expertos en movilidad sustentable, que dejan fuera cualquier consideración de orden político y privilegian los beneficios sociales del proyecto”, sostuvo el perredista.

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