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Romo pide castigo a quien viole clausuras

Ante los diputados locales, el alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, anunció que presentará al Congreso local una iniciativa para aplicar la figura de extinción de dominio a desarrolladores que continúen la construcción a pesar de la colocación de sellos de clausura, así como tipificar penalmente la destrucción de éstos.

Al comparecer ante los integrantes de las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales, el funcionario denunció que ha crecido el asalto a automovilistas en cruceros “peligrosos” de esa alcaldía, a pesar que ha emprendido diversas acciones preventivas, que dieron como resultado una disminución de 33 por ciento en el robo a transeúnte, pero ha crecido también el asalto a negocio.

De igual forma, comentó que Miguel Hidalgo ha destinado 100 millones de pesos para contratar 300 policías auxiliares, con lo ya son mil 200 elementos que resguarden la integridad de los vecinos, además de haber entregado 900 kits de seguridad, de cinco mil que se tienen programados, que incluyen cámara de seguridad conectada al C2, lámpara de fachada y botón de pánico.

En cuanto al combate de la desigualdad y el sistema de protección social, destacó que los programas y apoyos de “La Empleadora”, la recuperación de espacios públicos, el trabajo temporal y comunitario, Jóvenes de Primer Empleo, Reinscripción al Empleo, Vive y Trabaja en tu Alcaldía, entre otros, han beneficiado a más de seis mil 700 ciudadanos.

Al iniciar la ronda de preguntas y respuestas, la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, pidió conocer las acciones que impulsará para promover el uso de la bicicleta, así como datos sobre el número de bicicletas sin anclaje y scooters eléctricos que han sido retirados en la demarcación.

Mientras que el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, solicitó información detallada para blindar programas como “La Empleadora”, de tal manera que lleguen a quien realmente los necesita.

En tanto, la diputada del PT, Lizette Clavel, preguntó cuál es el rezago que tienen en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la alcaldía y los resultados obtenidos en materia económica, productividad, medio ambiente y movilidad con el programa Vive y Trabaja en tu Alcaldía.

A su vez, el legislador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, criticó la inexistencia del Programa de Gobierno y pidióa Romo Guerra su opinión de los vacíos y ajustes que considera que el Congreso debería hacer en materia de la nueva Ley del INVEA.

Mientras que la panista, América Rangel, y su compañero de sector y de partido, Federico Döring, se refirieron a las garantías de seguridad que darán a los vecinos de la mina en Luis Chilardi, las acciones para que en Miguel Hidalgo tomen conciencia de la importancia de respetar las garantías individuales, fomentar la equidad de género y la igualdad sustantiva; cómo se llevó a cabo la demolición de Lafontaine 110, misma que tiene una manifestación de construcción a partir de marzo, pero es para ampliación.

Como era de esperarse, los morenistas, José Martín Padilla y Martha Ávila, pidieron al alcalde detalle de las políticas o programas transversales que apoyen a los jóvenes de la demarcación, para evitar que sigan siendo víctimas de la inseguridad, y detallar las dificultades a las que se ha enfrentado para atender la problemática del reordenamiento del ambulantaje, para garantizar el balance entre el derecho al trabajo y el pleno uso de los espacios públicos.

En respuesta, Romo Guerra comentó que en Miguel Hidalgo el uso de la bicicleta no es una moda, sino una tendencia a usar menos los automotores; planteó definir claramente las competencias del INVEA y las de las alcaldías, así como conocer si les corresponde o no tener verificadores, “vale la pena también dar un
control de confianza adicional a todos los verificadores, una rotación”, dijo.

En cuanto a la mina del Chilardi, detalló que la alcaldía destinará un
millón de pesos y dos millones más provenientes del Gobierno capitalino, de tal manera que garantice integridad a los vecinos; en materia de equidad de género y de igualdad sustantiva, “lo primero es preparar al personal y, lo segundo, fue cumplir con esto en las direcciones generales”, aunque reconoció que falta corregir esa brecha.

Sobre la demolición de Lafontaine 110, puntualizó que una primera falta fue construir con ampliación y no con manifestación, otra más fue el asunto de la altura, donde manifestaron 14 metros y su certificado de uso de suelo tiene 16.40 y las verificaciones tienen 20, “por esos datos y más para nosotros es evidente irregular e ilegal”, enfatizó.

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