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Transportistas denuncian ilegalidad en su derrotero

Propietarios y Permisionarios de la Ruta 10, que corre de Jamaica-Tlacotal y Ramales Asociación Civil, denunciaron la operación ilegal de 53 autobuses que prestan los servicios de transporte de pasajeros público colectivo, supuestamente concesionados a la empresa Trioxa, “que ha significado el despojo de nuestra fuente de trabajo”.

En conferencia, los integrantes de dicha Ruta, explicaron que mediante una prórroga de la concesión por cinco años, a partir del 2013 y con vencimiento este año, con los derroteros autorizados: Metro Aeropuerto-Félix Parra, Metro Aeropuerto-UPIICSA, Metro Aeropuerto-Avenida 5 Ermita y Metro Aeropuerto-Central de Abasto, “fuimos retirados de la circulación por personas ajenas”.

Detallaron que el pasado 16 de enero, con un permiso de prueba técnica expedido por la Secretaría de Movilidad (Semovi), seis autobuses iniciaron la prestación del servicio de transporte en esas rutas, y el día 22 se sumaron otros 47 al corredor, cuya declaratoria fue publicada por la dependencia el 3 de marzo de 2015, iniciando el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) “una cacería” de nuestras unidades.

“Los argumentos para enviarnos a los depósitos vehiculares, van desde la alteración de la cromática hasta prestar un servicio ‘pirata’, que conlleva a multas de entre ocho mil y 30 mil pesos, cuando nuestras vagonetas cuentan con título-concesión y autorización para prestar el servicio”, denunciaron.

Sin embargo, dijeron que una vez cubiertas las multas y la liberación de las unidades, que va de 15 a 30 días, “tiene un impacto negativo para un centenar de concesionarios y alrededor de 300 familias que dependen del servicio, mientras los 53 mil 451 usuarios, que se estiman utilizan diariamente el corredor, tienen que pagar una tarifa no autorizada de siete pesos, cuando antes gastaban entre cinco y seis pesos con 50 centavos, según la distancia recorrida”, destacaron.

Incluso, revelaron que el Gobierno capitalino no ha negado la garantía de audiencia, y mediante inspecciones judiciales realizadas por personal autorizado, encontraron que al inicio de la prestación de servicio, la empresa Trioxa no contaba con la concesión correspondiente, ni autorización, y sus unidades empezaron a circular con placas que no corresponden a los derroteros.

“Consideramos que, se ha incurrido en actos de corrupción, abuso de autoridad, cohecho, fraude, falsedad de pruebas y declaraciones, competencia desleal y ruinosa, y daños y perjuicios tanto económicos, sociales y morales contra los integrantes de la Ruta 10, que no aceptamos sumarnos a esa empresa, conformada en noviembre del 2016”, enfatizaron.

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