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Tribunal colegiado admite juicio de amparo contra el Plan de Desarrollo Urbano de Santa Fe

Predio la mexicana

El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dio entrada al juicio de amparo colectivo que impugna el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe, mismo que permitirá la construcción de cinco mil nuevas viviendas y cientos de comercios en esa zona de la Ciudad.

Este es el primero de los amparos colectivos que se han promovido en elmpaís con el argumento de interés legítimo por afectaciones al medio ambiente, luego de que estas figuras fueron establecidas en la Constitución a partir de octubre de 2011.

Al mismo tiempo el tribunal colegiado revocó la resolución de un juez de distrito, que en mayo pasado había desechado la demanda presentada por un grupo de más de cien colonos, por considerar que era notoriamente improcedente ya que antes de promover un amparo tenían que litigar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

El Tribunal Colegiado consideró que el PPDU es un decreto de la Asamblea Legislativa que reviste las características de una ley, al contener disposiciones generales y abstractas, por lo que no es un acto administrativo y no es necesario agotar un litigio previo ante el TCA.

“El Artículo 107 de la Constitución supedita actualmente la procedencia del juicio de amparo a la existencia de un interés legítimo individual o incluso colectivo, por lo que se estima que al auto admisorio de la demanda no es el momento procesal oportuno a efecto de dilucidar si ello se actualiza o no”, afirmó el tribunal en una sentencia notificada el 18 de septiembre consultada.

Agregó que el juez de distrito está obligado a desahogar el procedimiento, llamar a juicio a las autoridades responsables por la emisión del PPDU, y sólo después concluir si efectivamente se afectan intereses de los quejosos, y en su caso, si el PPDU es ilegal.

Los quejosos argumentan que las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente son violentadas porque las zonificaciones y usos de suelo impuestos por el PPDU merman el ejercicio de los derechos de los demandantes al suelo urbano, a la calidad de vida y a los servicios públicos, al disminuirse la superficie de áreas verdes y la disponibilidad de agua.

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