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Violan Derechos humanos en reclusorios: Nashelli Ramírez

En los reclusorios de la Ciudad de México se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos contra los internos y sus familias. En promedio mensual se registran 272 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del DF.

La presidenta del organismo, Nashelli Ramírez, informó que de enero de 2018 a mayo de 2019 han recibido e investigado 4 mil 345 quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales de los reclusos.

Explicó que derechos humanos en el ámbito penitenciario constantemente son violentados principalmente por autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en un 23.6 por ciento; Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con 17 por ciento; y del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con 7.7 por ciento.

“La abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de la persona privada de su libertad, junto con la abstención y omisión del deber de custodia, superan 50 por ciento de las menciones”, afirmó la Ombudsperson.

El anuncio se hizo en el marco de la presentación de la Propuesta General 1/2018 la Ejecución Penal desde los Derechos Humanos.

En este documento la CDHDF dejó en claro que existe una brecha entre la acción prevista legalmente para una conducta delictiva dictada por una autoridad judicial, y la sanción adicional que las personas padecen en los centros penitenciarios y tras su salida de prisión.

La Ombudsperson recordó que el segundo lugar de los derechos presuntamente vulnerados lo ocupan el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la integridad personal.

“Todas las menciones antes señaladas corresponden a perjuicios que padecen las personas privadas de su libertad, sin que haya disposición que lo permita; por el contrario, existe disposición que prohíbe tales conductas, sin que haya mecanismos claros y efectivos para reparar los daños que generan esas conductas en las personas y sus vidas.

“Si los datos los analizamos en función de particularidades de las personas, como la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el género, entre otros, los perjuicios se acumulan para las personas”, criticó.

Nashielli Ramírez fue más allá y estableció que también han investigado 51 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en el ámbito penitenciario, en agravio de personas que afirmaron pertenecer a la comunidad LGBTTTIQA+.

“La sanción adicional que las personas padecen con frecuencia en los centros penitenciarios y al salir de éstos, cometidas directamente por la autoridad, o con anuencia de ella: tortura, malos tratos, abusos, afectaciones a la vida, integridad física y psicológica, al derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad”, sentenció la funcionaria.

Por ende, “las reformas penales tienen una dimensión transformadora en la sociedad, porque las ideas de la cárcel y el castigo no son meras figuras procesales, sino que son instituciones que reflejan elementos políticos, sociales, económicos y culturales”.

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