El golpe político-mediático a la Fundación Juntos Podemos que preside la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, por supuestos apoyos económicos ocultos por 900 millones de pesos para realizar sus actividades de ayuda a los migrantes mexicanos en EUA, pone otra a vez en la mesa de debates los artificios que hacen los partidos políticos para encubrir sus manejos oscuros de los recursos públicos y las pretenciones de denostar las actividades de las asociaciones civiles, particularmente en momentos en que la credibilidad de los partidos se encuentran en el nivel más bajo de su historia.
La revelación periodística hecha por la activa asociación civil Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad que dirige Claudio X González, independientemente de la calidad y la veracidad de sus investigaciones en torno al financiamiento de Juntos Podemos de Vázquez Mota, entraña no solo un acto de antropofagia entre organizaciones civiles, sino también en el papel central que juegan y jugarán éstas en los comicios electorales, y sus virtuales e inevitables alianzas con las principales fuerzas políticas.
En este caso que nos ocupa, sin duda, la “revelación” de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de los nexos de la fundación de la Vázquez Mota con el gobierno federal tendrán un efecto adverso para sus proyectos de participación electoral de la ex candidata presidencial panista en los próximos comicios de su entidad natal mexiquense, particularmente de sus intenciones aliancistas con los partidos de izquierda para derrotar al PRI en la principal plaza electoral del país, que lo pondría de bruces en la víspera de la elección presidencial del 2018.
No obstante, y para no caer en ese juego mediático-electorero anticipado de las diferentes fuerzas políticas y los grupos de presión que se abrogan el papel de defensores de la moral pública y de una moderna inquisición, recordemos que las organizaciones sociales que en las últimas dos décadas surgieron como formas de acción de la sociedad civil responden a necesidades de los diversos grupos sociales.
En un trabajo espléndido Ilán Bizberg, investigador del Colegio de México, nos señala que “Con la alternancia a nivel federal y en la Ciudad de México, las Organizaciones de la Sociedad Civil encontraron espacios que no existían en la época del PRI, que canalizaba todas sus iniciativas por las instancias gubernamentales o por sus organizaciones corporativas.
Tanto el PAN como el PRD, por razones prácticas e ideológicas, promovieron una mayor participación de la sociedad civil. En muchas ocasiones, estos dos partidos utilizan a estas organizaciones para paliar sus carencias en cuanto a personal cercano a la población que requiere del apoyo de políticas públicas”. (Una Democracia Vacía. Movimientos Sociales, Colmex 2010)
Asimismo, Bizberg señala que “gran parte de las Organizaciones Civiles están vinculadas la Iglesia o a grupos catalogados de derecha, por ello el gobierno de Fox quería mostrar que tenía una política social y legitimarse intentando un equilibrio entre organizaciones progresistas y de derecha en el seno de la Sedesol”. Esta institución era encabezada precisamente por Josefina Vázquez Mota.
De esta manera, puntualiza, “fue como las organizaciones civiles fueron integradas en funciones gubernamentales en diversos sectores, como la educación, la salud, atención a mujeres y a los grupos marginados, y una cantidad considerable de dirigentes de estas organizaciones fue incorporada en funciones gubernamentales. Uno de los ejemplos más relevantes es el de Rogelio Hermosillo, de Alianza Cívica, que aceptó ser director de Oportunidades, de la Sedesol.”
Asimismo, destaca, “el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) financió programas sociales de las ONGS que sustituyeron los decrecientes recursos que venían del exterior. La actividad política absorbió a varios dirigentes de estas organizaciones, algunos se convirtieron en candidatos a puestos de elección popular como Demetrio Sodi de Causa Ciudadana, otros formaron sus propios partidos: el Socialdemócrata, de Gilberto Rincón Gallardo, así como el Partido México-Posible y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, encabezado por Patricia Mercado”, hoy Secretaria de Gobierno de la CDMX.
El experto en Movimientos Sociales en México, advierte que “la participación de la Organismos Civiles en la actividad política, impactó de manera contradictoria sobre estas organizaciones que se debilitaron como organizaciones civiles y se acentuaron sus divisiones. Una vez pasados los eventos que las unieron, como el sismo de 1985, el movimiento zapatista y la vigilancia de las elecciones, se volvieron a dividir.
Esta división se acentuó con la reducción de los recursos externos y con el acercamiento al gobierno federal y del Distrito Federal. Hubo además una creciente competencia por los recursos económicos y políticos. Otras organizaciones fueron desestructuradas cuando sus líderes las abandonaron.
Finalmente, que se canalizaran recursos públicos para obras sociales por medio de ellas redujo su autonomía, convirtiéndolas, según algunos de sus propios miembros, en apéndices del gobierno.”
Hubo, sin embargo, destaca Bizberg, “muchos ejemplos en los que las Organizaciones de la Sociedad Civil mantuvieron su autonomía respecto del poder político, y siguieron ejerciendo una presión sobre el gobierno para lograr avances significativos en la construcción de instituciones democráticas y espacios para la acción de la sociedad civil. Uno de los casos más significativos fue el de la participación del grupo
Oaxaca en la elaboración de la Ley Federal de Acceso a la Información, que dio lugar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), lo que ha permitido a numerosas Organizaciones Civiles exigir cuentas al gobierno federal y luchar por la transparencia de otras instancias de gobierno”.
El IFAI es hoy el flamante INAI que está ya inmerso en ese pantano que representa llamar a cuentas a un buen número de gobiernos estatales que con una capacidad de maquinación criminal han desviado y utilizado miles de millones de pesos del erario público en fortunas personales y familiares.
Como se ve en el escenario de la disputa por la Presidencia de la República del 2018, la participación de las organizaciones civiles serán claves para los partidos políticos contendientes por su vinculación con los grandes sectores sociales, en los cuales las estructuras territoriales tradicionales partidistas ya no tienen capacidad e influencia suficiente para definir su voto en las urnas.
