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En esta ocasión, quiero ocuparme de la revisión de un contenido que ha llamado mi atención de modo especial de entre los incluidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, presentado a la Asamblea Constituyente, el 15 de septiembre anterior por parte del Jefe de Gobierno.

Y es que la Ciudad de México contará por lo visto, con un Tribunal Constitucional que fungirá como máximo tribunal local en materia de interpretación de la Constitución local y a quien se le encomienda garantizar la defensa, integridad y supremacía de la misma, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otras palabras, este Tribunal Constitucional, cuya existencia se plantea, será el órgano encargado de velar por los derechos constitucionales de los capitalinos.

Se trata de un órgano con un diseño y competencias que aunque en el ámbito local, en mucho se parece en su rol, al que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la Constitución Federal y con competencia respecto de toda la Unión.

Tal como lo comentaba en mi entrega anterior, el diseño de esta Constitución me parece novedoso para bien. Me parece, que abre la posibilidad de imaginar escenarios nuevos pero también, abre sin duda discusiones nuevas y suscita dudas respecto de su viabilidad material.

Tantos y tan novedosos derechos (al menos para los estándares mexicanos), no sólo requerirán crear una teoría correlativa que los abarque y un esquema conceptual diferente para darles forma y transmitirlos en las aulas de las escuelas y facultades de derecho. Muy importantemente, se requerirá llenar los conceptos que incluyen estos nuevos derechos, para poder darles coherencia en un sistema legal en el que varios de ellos y de permanecer en su redacción proyectada, no van a tener siquiera, un referente en la Constitución Federal pero a pesar de ello, deberán eventualmente de ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, los derechos a la autodeterminación personal, a la ciudad, a internet, a la buena administración pública, a la ciencia y a la innovación tecnológica, los derechos culturales tan variados que se enuncian en el proyecto que se discutirá (y por mencionar tan sólo algunos / vid. arts. 8 al 16 del Proyecto), deberán ser llenados con algo más que aspiraciones. Ello, puesto que su inclusión en un texto constitucional y la pretendida garantía que se les dará a través del Tribunal Constitucional local previsto, parte de que su establecimiento implica necesariamente, la justiciabilidad de los mismos; es decir, que su cumplimiento y observancia, podrá demandarse a través de algún mecanismo jurisdiccional. Si no suponemos lo anterior, los contenidos propuestos no tendrían la posibilidad de contar con un asidero real.

Así es, la constitucionalidad a nivel local y consecuentemente, la justiciabilidad de todos los derechos humanos y ciudadanos que se incluyen en el Proyecto, buscan ser garantizadas por el andamiaje institucional que surge con el nuevo Tribunal Constitucional local.

Ahora, pasemos al terreno de la realidad y salgamos por un instante de lo abstracto de un planteamiento o un cúmulo de ellos, contenidos entre el blanco y el negro de la tinta sobre el papel del Proyecto.

No me mal entienda el lector, … ¡claro que cualquier ciudadano (no sólo capitalino, sino del mundo) quisiera probarse una esfera de derechos como la que bucólicamente se sugiere en el proyecto del Jefe de Gobierno capitalino!

El problema quizá, no será tanto el de operar el diseño y llenar de contenido los conceptos que lo conforman porque finalmente, la Constitución Federal somete bajo sus ámbitos de validez a toda norma federal y/o local (incluida obviamente, la Constitución de cualquier entidad federativa) y sin duda, las interpretaciones que se hayan de generar, se construirán.

Tristemente, me parece que el problema más grande que puede enfrentar este ambicioso diseño constitucional local, como lo mencioné ya previamente, es el de la falta de viabilidad económica (en un país en el que las expectativas de crecimiento se contraen al mismo ritmo que lo hace la popularidad del Presidente).

Mi punto es que en el terreno de los hechos, darle viabilidad al ejercicio de cualquier derecho, implica y requiere recursos (p.ej. el acceso a la información demanda esfuerzos muchas veces extraordinarios y altos costos para los sujetos obligados a garantizarlo). Tanto en la vida orgánica como en la política, moverse requiere energías, no hay movimiento que sea gratis o no demande recursos. Recursos para las instituciones que hayan de garantizarlas, sus integrantes, servidores públicos, elementos materiales y técnicos, su funcionamiento regular, para garantizar su independencia (en este caso específico), su eficacia, su continuidad, coordinación, etc.

Y no es que no se vaya a poder sufragar al sostenimiento de un Tribunal más. Es más, anticipo al lector que este diseño va a ser aprobado seguramente, sin grandes cambios sustanciales. El tema es que por ejemplo, el derecho a internet requiere infraestructura, el derecho a una ciudad sustentable, los derechos económicos que se plantean de manera aspiracional, incluyendo redistribución de la riqueza, sostenibilidad social y ambiental, el derecho a una economía social y solidaria, entre otros y como todos (aún los menos ambiciosos), precisan de recursos y medios para hacerlos viables y realizarlos en el sentido profundo de la palabra.

Así, me preocupa que tengamos un Tribunal Constitucional local de vanguardia y novedoso al que debemos en su caso, concederle el beneficio de la duda de que vendrá a abonar a la discusión en torno a modos diversos de resolver las relaciones entre lo local y lo federal, que quizá incluso, sea capaz de construir nuevos conceptos que amplíen nuestra comprensión en torno a los límites y extensión de derechos sociales que posiblemente, valga la pena comprender, aprender e incorporar como integrantes de una sociedad en constante y vertiginoso cambio. Obviamente, lo que me preocupa no es en sí que tengamos un órgano con tal perfil.

Lo que me preocupa, es que en el contexto económico imperante, sus sentencias garantistas no se puedan ejecutar y acaben con las expectativas ciudadanas y junto con los nuevos contenidos constitucionales, como letra muerta. En espera de que alguna bonanza se asome por aquí.