Portafolio Electoral

Las manifestaciones realizadas ayer en torno a las políticas de Trump estuvieron envueltas en una serie de descalificaciones y cuestionamientos, particularmente en lo relativo a quiénes las convocaron y los fines perseguidos. Anteriormente se expuso en este espacio la intención del actual gobierno para justificar su incapacidad de gobernar así como sus erráticas políticas públicas, en la arremetida anti México emprendida por el presidente norteamericano.

La política de nuestro país y el ascenso de Trump como el hombre más poderoso del mundo, con sus políticas antiinmigrantes y económicas, proteccionista de los intereses del “pueblo estadounidense”, tienen un factor en común: el ascenso al poder de los hombres más ricos. La premisa de partida básica es que la riqueza es poder. ¡Y el poder se ejerce! Por lo que los poseedores de ésta tienden, racionalmente, a proteger sus intereses. Lo anterior representa una reacción “natural” ante la corrupción y la incapacidad de la democracia y sus políticos de generar las condiciones que sigan manteniendo sus enormes márgenes de utilidad y de mantener a la población en calma.

Pareciese que la corrupción está de moda. Diversos políticos de múltiples partidos son acusados de ello y algunos legisladores hacen derroche de cinismo a sabiendas que no serán perseguidos o, aunque lo sean, no serán sancionados.

Uno de los avances más importantes dentro del nuevo sistema de justicia penal es el denominado “renacimiento de las víctimas” en virtud del reconocimiento y protección que se les brinda a partir de un marco jurídico que enfatiza no solamente una gama de derechos constitucionales y legales, sino un conjunto de instituciones que la colocan como parte fundamental en el fenómeno delictivo.

Durante siglos las víctimas fueron sometidas no solamente a la trasgresión de sus bienes jurídicos por parte de los delincuentes como la libertad, la propiedad, la integridad física, etcétera, sino también fueron sujetos de una marginación por parte de las políticas estatales en materia de política criminal. El Estado se preocupaba más por el castigo del delincuente que por la reparación del daño de las víctimas. No solamente de las consecuencias directas, sino de las derivadas. Y menos aún vistas como partes integrantes de una comunidad.