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Tras las declaraciones realizadas hace unos días, calificando la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF) como sesgada/parcial, así como con lo referido respecto a las actuaciones supeditadas a la ideología unipersonal…respectivamente, (actos durante la manifestación del llamado “Halconazo”) hay que decir que desinformar a la sociedad es motivo de responsabilidad, ¿lo asumen?

…mejor, a ponerse al día Señores y a cumplir con el mandato Constitucional.

Los temas relacionados con las niñas y los niños en muchas ocasiones son asumidos desde un enfoque meramente asistencialista; sin embargo esto no debe ocurrir más ya que son sujetos de derechos y también de responsabilidades.

El Estado, quien debe garantizar en todo momento sus derechos, comete graves agresiones en agravio de niñas y niños por acciones y por omisiones; es decir al no cumplir con sus obligaciones les hacen daño y por consecuencia les producen violaciones a sus derechos.

Hace un par de días tuvimos conocimiento de la creación del Centro de Atención Psicológica (CAP) de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad para las y los policías de esa corporación, con la participación directa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Es derecho de todas las personas disfrutar del más alto nivel de estado de salud físico y mental para que logremos tener un adecuado desarrollo en sociedad; por ello la prevención y tratamiento de los problemas de salud constituye una obligación del Estado que debe garantizarse partiendo de una adecuada intervención.

La trata de personas es una lamentable realidad que afecta en todos los sectores de la sociedad; constituye un fenómeno de violencia a la que todas las personas estamos expuestas y que no distingue de sexo, actividad, condición económica o social ni edad.

Cada vez con mayor frecuencia nos enteramos de hechos relacionados con la trata de personas, donde mujeres, jóvenes niñas o niños tienen un precio, un valor comercial ya que son considerados como mercancías.