Una de las premisas fundamentales de política gubernamental, derivada de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, es el establecimiento de una pirámide jerárquica de la importancia de los sujetos en dicha materia. Se señala como prioridad en la utilización del espacio vial y valoración en la distribución de recursos presupuestales el siguiente orden: Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada; Ciclistas; Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y Usuarios de transporte particular automotor (artículo 6).
Discursivamente el marco normativo es positivo. Se trata de hacer de la Ciudad de México un espacio más habitable, que repercuta en la mejora del nivel de vida de sus habitantes. Estas disposiciones se encuentran vinculadas con el nivel de vulnerabilidad de los usuarios y las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad.
La realidad es diversa al supuesto normativo. Cada vez existen más automóviles y el diseño de la infraestructura urbana no favorece ni a los peatones ni a los ciclistas. No existe dentro de la agenda pública una estrategia que se oriente a ofrecer alternativas eficientes de transporte público, que permitan desincentivar el uso del automóvil. Tampoco se observa la implementación de una campaña de sensibilización por los sectores más vulnerables como son adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El cambio de paradigma de transporte a uno de movilidad que tenga a la persona como la columna vertebral es una aspiración que no vendrá por decreto, sino como resultado de estrategias concretas y acciones contundentes en la materia, que permitan modificar las prácticas y la cultura de muchos arraigada.
@NVS_
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