La Ciudad de México es una de las pocas entidades que ha establecido una norma específica que regula uno de los aspectos más importantes de toda metrópoli: la movilidad. Lo anterior implica no solamente poner la atención sobre la demanda de viajes que requiere una población compleja, cada vez más creciente y que demanda empleos, vivienda y acceso a educación, cultura y comercio, cada vez más distanciados entre sí; sino que también supone la oferta y el mantenimiento de infraestructura vial de avenidas y calles, así como los múltiples servicios que se utilizan para realizar los viajes; desde el auto particular, el transporte público de mediana y gran capacidad, los autobuses, el metro y el transporte concesionado de taxis y microbuses.
La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial el 14 de julio de 2014 establece un orden de prioridad de los usuarios considerando su vulnerabilidad y las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Así, afirma que el peatón es lo más importante, especialmente las personas con discapacidad y con movilidad limitada; seguido de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de carga y distribución de mercancías y usuarios de transporte particular automotor.
Sin embargo observamos cómo las políticas públicas más destacadas se enfocan hacia el uso del automóvil y no hacia la protección del peatón. Harían falta, entre otras medidas, la adecuación de avenidas y calles con infraestructura que facilite la circulación peatonal y de los ciclistas en toda la ciudad y no limitarse al centro histórico. Particularmente se hace necesaria la generación de una cultura de protección y fortalecimiento del no uso del automóvil. Situación que estamos lejos de visualizar.
@NVS
