La Ciudad de México corre el riesgo de dejar de ser esa metrópoli cosmopolita que ha garantizado libertades sociales y derechos humanos como ninguna otra entidad en el país, esto, ya que el pasado martes 19 de noviembre, gracias al voto de los legisladores del PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y -penosamente- de algunos del PRD, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara reformas al Código Penal, con lo cual, se estarían incrementando las penas para quienes en el marco de protestas o manifestaciones cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad ya sea pública o privada.
Lo anterior, lejos de ser visto como una medida para castigar la conducta violenta hacia las autoridades, no es más que una contrarreforma a los cambios aprobados en diciembre pasado, cuando se disminuyeron la sanciones por el delito de ataques a la paz pública, lo que permitió que los estudiantes detenidos de manera arbitraria en las manifestaciones en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto pudieran obtener su libertad.
Se trata entonces, de una acción unilateral donde la Asamblea Legislativa pareciera estar preparando el terreno para intimidar a quienes se manifiesten públicamente y de esa manera tratar de imponer el orden. Es culpar a los que protestan por las situaciones que se viven cotidianamente en esta ciudad, en un contexto donde reformas como la educativa, la hacendaria y la cada vez más apresurada reforma energética, vislumbra que los ciudadanos seguirán saliendo a las calles para manifestar sus inconformidades y ejercer sus derechos constitucionales.
Es un hecho que las manifestaciones, las protestas y cualquier tipo de movimiento social generan siempre crispación en cualquier lugar del mundo –léase Egipto, Turquía, España, Brasil- y la ciudad de México no es la excepción. Queda claro que los diputados que votaron a favor cedieron a la presión de los grupos de la derecha que quisieran que nadie se manifestara, que nadie exigiera sus derechos y que nadie expresara puntos de vista diferentes a los suyos. Los habitantes de la ciudad de México no nos merecemos una votación de esta naturaleza.
Debemos recordar que nuestro partido, históricamente ha sido un partido que surge de la lucha social, pareciera que quienes votaron a favor de aumentar las penalizaciones para resolver los problemas sociales, no entienden lo que significa la lucha social en las calles, no entienden lo que significa estar expuestos permanentemente a un acto de fuerza de los cuerpos de seguridad donde la falta de protocolos adecuados de actuación permiten -y fomentan- el uso desproporcionado de la fuerza, agresiones y detenciones arbitrarias con imputaciones sin sustento.
En concordancia con lo expresado recientemente por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nuestro gobierno, antes de criminalizar la protesta social por la vía penal, debe establecer los mecanismos para asegurar la integridad y los derechos de los que libremente se manifiestan, y de esta forma defender los avances en libertades que los gobiernos de izquierda en la Ciudad han ido conquistando. En breve estaremos promoviendo acciones para evitar que la contrarreforma se consume.
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