En los últimos días, se han difundido una infinidad de artículos de opinión, análisis, y algunas cuantas evaluaciones con motivo del primer año de Enrique Peña al frente del gobierno de nuestro país, los principales temas han sido los económicos, educativos y en materia de seguridad, sin embargo, algunos de los grandes ausentes han sido aquellos que tienen que ver el respeto de los derechos humanos y la defensa de las garantías individuales, obligaciones de todo gobierno expresadas en el artículo primero de la Constitución Mexicana.
La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos supone que las autoridades lleven a cabo una serie de acciones para ampliar su pleno ejercicio. Estas acciones siguen aún pendientes, pues a un año de la llegada del nuevo gobierno -y pese a lo que las autoridades han pretendido proyectar-, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, brutalidad policial, feminicidios y abusos contra las personas migrantes y defensores de los derechos, por mencionar algunas, continúan amparados en la impunidad y parecen no tener fin, tal como lo revela el más reciente informe de Amnistía Internacional.
Más todavía, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, nuestro país fue examinado por la comunidad internacional y fueron emitidas un total de 176 recomendaciones en temas como: la falta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, violencia y discriminación contra las mujeres, fallas en los sistemas seguridad y justicia, y el reconocimiento de los tratados internacionales, entre otros. Dichas recomendaciones tienen el objetivo de atender la actual crisis en materia de derechos humanos que a todas luces se vive a nivel nacional, situación que hoy más que nunca es imposible seguir permitiendo.
Pero esto no es todo, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) recientemente expresó su preocupación respecto a los nulos resultados del gobierno mexicano frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos años, y las cuales han quedado impunes. Se hace énfasis en los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, la falta de respuesta a la crisis de desapariciones, la deficiente investigación de casos de abusos en el pasado, así como el riesgo que corren los periodistas y defensores de derechos humanos.
Queda claro entonces que a un año de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, el discurso de “hacer realidad los derechos humanos que la Constitución reconoce” es sólo eso, un discurso, la política de seguridad tampoco ha cambiado, durante su gestión se contabilizan ya más de 17 mil homicidios, y siguen a la alza los secuestros, los abusos contra migrantes, los feminicidios y la impunidad en el país, y vergonzosamente se siguen recibiendo observaciones internacionales en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas, el balance de la gestión peñista es negativo por donde se le quiera ver. No regresó un partido nuevo ni democrático, regresó el dinosaurio, regresó el partido autoritario, el partido que no entiende de derechos y los reta constantemente con las mañas construidas a lo largo de más de 70 años de gobierno.
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