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Hostigamiento electoral

En la tipología del derecho penal mexicano existe el término denominado hostigamiento sexual, que consiste básicamente en la presión psicológica que un sujeto activo realiza sobre un sujeto pasivo para de manera ilícita obtener favores sexuales forzados y coaccionados en la voluntad de éste último.

En la mayoría de los casos, probar este delito es casi imposible dado que el sujeto activo se “cuida” de hostigar al pasivo en momentos en los que sólo se encuentran presentes ambos, casi nunca con testigos que puedan declarar en su contra, razón por la que este tipo de conductas generan por consecuencia impunidad del agresor y desencanto en las autoridades por parte del agraviado que en su gran mayoría son mujeres.

Imaginemos por un momento que para evitar el hostigamiento sexual, el legislador pretendiera desaparecer al sujeto pasivo, que los actores que tuvieran influencia en el ámbito penal, en lugar de generar sanciones más severas para el hostigador, castigaran al sujeto pasivo del delito, esto es, a la víctima.

Se preguntarán qué relación tiene lo antes expuesto con el título de esta aportación, pues bien, guardadas las proporciones, o como dicen los abogados, mutatis mutandis, las instituciones electorales locales, están sufriendo un hostigamiento de parte de la clase política o más específicamente de los partidos políticos, que si bien no raya en lo ilícito si es absolutamente faltó de ética.

Si el argumento es que los gobernadores controlan a las instituciones electorales de las entidades federativas, lo cual es cuestionable y debatible, la pregunta es: ¿puede alguien llegar a ser gobernador sin el apoyo de un partido político o de una coalición? (dejemos por el momento reservada las candidaturas independientes); entonces ¿Porqué los partidos políticos no se hacen responsables de sus engendros del mal, de sus Frankenstein, de sus productos. ¿Porqué desaparecer al hostigado y dejar en la total impunidad al hostigador?

Es claro que la metáfora no aplica a la letra, pero sólo la manejo para ver lo injusto y lo no ético de la propuesta.

El gobernador por mangonear y manejar presuntamente a su antojo a los órganos electorales de su entidad, no podría ser motivo para que desaparezcamos a los Institutos Electorales, como si aplicáramos el refrán, “muerto el perro se acabó la rabia”, pues el transmisor de la rabia seguramente va a encontrar a quien más morder para seguir su labor de contaminación.

Desaparecer a las Instituciones Electorales Locales es un verdadero despropósito.

Alejandro Delint García
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Amparo por la Universidad Latinoamericana, y Doctor en Derecho por la Universidad Marista. 

Profesor universitario (Facultad de Derecho, UNAM) desde 1984, impartiendo diversas materias como Derecho Procesal Penal, Delitos en Particular I, Teoría del Proceso y Derecho Procesal Electoral. 

Agente del Ministerio Público Federal, Subdirector de Averiguaciones Previas en la PGR, litigante, Director de Incorporación y Promoción del Servicio Profesional y Director de Normatividad y Desarrollo Profesional en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral en el IFE, Director de Normatividad y Consulta en la Dirección Jurídica del IFE, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el IEDF, Segundo y Primer Visitador General en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y actualmente Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal.