Ciudadano tras el espejo

La denominada Cuarta Transformación ya es desde ahora y antes de que tome posesión el nuevo gobierno, una hegemonía de partido recargada.

Las prácticas ultra presidencialistas se despliegan en un contexto de una administración saliente que brilla por su ausencia. Las noticias, todos los medios, han dejado de ocuparse de los que quedan para ocuparse de los ​que llegan. “¡Muera el Rey, viva el Rey!”

Quizá, debamos desenterrar categorías analíticas que pensamos sepultadas por siempre, como las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo. Construcciones teóricas sacadas de la manga con una función justificadora de medidas al margen de toda normalidad normativa y democrática, aunque se envuelvan en el manto del poder de decisión puesto en manos de un pueblo indefinido.

En algún punto de mi vida, tuve la fortuna de estudiar ciencia política en el extranjero y al plantear el tema que sería objeto de mi tesis de grado, recuerdo que la directora que acogió mi propuesta, me preguntó: “¿Y por qué sobre México? Es un sistema político que resiste todo análisis.”

Y al tiempo, constato que es es cierto, que tristemente en nuestro país, la figura presidencial deja de serlo ante un Presidente Electo y prácticas populacheras que sin sustento constitucional y/o legal se tienden sobre la población con tintes de democracia pero que la cuestionan en el fondo.

La lógica centralista de las reformas constitucionales de años recientes, de la legislación nacional generada para coordinar a los diversos niveles de gobierno e instituciones en torno a las tareas que deben realizar para su materialización, y la creación de órganos con facultades nacionales; desde mi punto de vista es en muchos sentidos, una lógica que poco a poco, ha ido mermando la idea de un federalismo con ámbitos de competencia y amplios márgenes de libertad, concedidos a las partes integrantes de la Federación.

La autonomía de las entidades federativas así, se ha ido mermando en diversas materias que han sido consideradas como relevantes o prioritarias a nivel federal. Principalmente, con el objeto de acabar con cacicazgos e influencias de poder e imposiciones por parte de los ejecutivos locales que con éxito habían logrado.

Estamos a casi un año del terrible sismo de septiembre de 2017. De hecho, hace unos días se registró un temblor de baja intensidad pero con epicentro en la Ciudad de México. Un recordatorio quizá, de las múltiples tareas pendientes en materia de reconstrucción y de la necesidad de ejercer con transparencia los recursos que en su momento, se destinaron y se destinan para ello.

Y es que el problema surgió cuando en vez de hacerse un solo fondo para concentrar todo tipo de apoyos con independencia de su origen, los recursos se entregaron a dependencias y delegaciones de la capital del país. La desproporción entre lo autorizado y lo efectivamente ejecutado es pasmosa. De los más de seis mil millones de pesos autorizados por la Comisión de Reconstrucción, al día de hoy tan sólo se ha comprobado la ejecución de menos de trescientos millones. Esto no necesariamente implica desvíos, pero si, que a pesar de que el recurso está autorizado y etiquetado para tal destino, no se ha ejercido. Es decir, negligencia. Ello, con independencia de que no hay certeza del modo en que se ha ejercido lo erogado.