Inicio








Necesario discutir el impuesto al refresco para combatir la obesidad

impuesto a refrescos

Existe suficiente evidencia científica que demuestra la relación entre el consumo de refrescos azucarados y la obesidad, así como la diabetes, por lo que demandaron que se discuta la inclusión un impuesto a este tipo de bebidas, aseguraron representantes de 47 organizaciones de la Sociedad Civil.

En respuesta a las afirmaciones presentadas en días pasados por la industria refresquera del país, pusieron a disposición de la sociedad en general, los estudios científicos que demuestran la relación entre refrescos y padecimientos como sobrepeso, obesidad y diabetes, mismos que se pueden consultar en la página www.fondoxdiabates.org.

Se trata, subrayaron, de estudios realizados por instituciones tan prestigiadas en México y en el extranjero, tales como la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, la escuela de Medicina de Harvard, el Departamento de Salud de Nueva York y la Revista Americana de Nutrición Clínica, Lancet, entre muchos otros.

Por ello, el grupo de organizaciones solicitaron una reunión con la nueva secretaria de Salud, Mercedes Juan López, a fin de coordinar esfuerzos con base en evidencias científicas, y colaborar así a prevenir las más de 90 mil muertes que cada año provoca en el país la diabetes. Recordaron que el gobierno federal gasta anualmente más de 67 mil millones de pesos en atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, cifra que irá creciendo de manera acelerada si no se hace nada, amenazando inclusive con la quiebra del sistema nacional de salud en los próximos años.

Respecto a los daños provocados por la ingesta de refrescos azucarados, señalaron que un primer paso es incluir un impuesto a este tipo de bebidas sin dejar de reconocer que la medida fiscal tiene que ir acompañada por iniciativas complementarias como educación y acceso al agua potable en todo el país.

Sobre el particular, citaron un importante estudio sobre el tema, denominado “Onzas de Prevención – el Caso de Política Pública para los Impuestos a Bebidas Azucaradas“, publicado por los doctores. Kelly Brownell y Thomas Friedman, en la Revista Médica de Nueva Inglaterra, que señala que la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60% por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al tiempo que aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso. El estudio menciona que en el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de enfermedades del corazón, mientras que se incrementa en 35% para las que consumen dos o más porciones al día.

Xavier Treviño, Director en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) sostiene que "tiene que haber una corresponsabilidad de las empresas privadas en reducir los efectos sociales negativos del consumo de este tipo de bebidas. Esto debe ser visto como un ejercicio de retribución a la sociedad, para reducir su consumo excesivo y a la vez permitir financiar la reducción de riesgos en salud, a través de proyectos y políticas de mejor alimentación y movilidad activa para las personas".

Por su parte, Constanza Gómez-Mont, vocera de la Plataforma Estratégica Contra el Sobrepeso y Obesidad (ContraPESO) que agrupa a más de 40 organizaciones, estableció que “el centro de esta discusión es la salud de los mexicanos. Debemos tener medidas que cambien el ambiente en México para propiciar decisiones saludables. Estamos hablando de salvar miles de vidas por año y evitar el grado inaceptable de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que enfocarnos a las medidas de prevención y reducir el consumo de refresco y bebidas azucaradas, si bien no puede ser una medida aislada, es un primer paso fundamental. Más allá de un impuesto, es una declaración que queremos políticas que cuiden de nuestra salud y nutrición, especialmente la de los niños.”

Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, afirmó que “las consecuencias en la salud por el consumo de estas bebidas no son asumidas por quienes las producen, sino por el bolsillo de los contribuyentes y las personas que sufren estas enfermedades y que nunca fueron informadas del riesgo que significaba la ingesta de las bebidas con altas cantidades de azúcares añadidas. La carencia de esta accesibilidad a agua potable es una de las causas del alto consumo de estas bebidas azucaradas en México. Los recursos de este impuesto deben de destinarse a proveer agua potable en comunidades y escuelas.”

Lorena Vázquez Ordaz, Directora en México de The Hunger Project México, señaló que “en nuestro país debemos lograr una solución integral y duradera para el problema alimentario y de salud, que afecta principalmente a las familias más pobres del país. La desigualdad de ingresos en esta población, aunado al consumo de bebidas con altas cantidades de azúcares añadidas y alimentos altamente procesados, con alta densidad energética y bajo o nulo contenido nutricional, resulta en dos fenómenos simultáneos: desnutrición y obesidad; perpetuando así la malnutrición.” Declaran que es importante que se discuta esta iniciativa y se tomen pasos firmes para revertir esta epidemia en México.

“El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estableció recientemente que este impuesto no es regresivo. La diabetes sí lo es. Ahorita que ya tenemos nueva Secretaria de Salud, solicitamos una reunión con ella para dialogar acerca de la agenda de salud e ir de la mano sociedad civil y gobierno en esta lucha en contra de la malnutrición en México”, declaró Constanza Gómez Mont.

Las organizaciones apuntaron que es fundamental discutir iniciativas como ésta con el gobierno entrante, ya que en suma lograrán solucionar los grandes problemas de salud que vivimos en nuestro país. Añadieron que la epidemia nacional de salud pública se debe atender mediante estrategias multisectoriales y en todos los niveles, y establecieron que la educación es el primer paso, pero para que el conocimiento se convierta en conducta, también son necesarias políticas públicas que modifiquen el ambiente obesogénico de nuestro país.

Entre las organizaciones demandantes se encuentran la Asociación Mexicana por Diabetes, el Comité de Derechos Humanos Ajusco, la Escuela Nacional de Bariatría, Animalnaturalis, la Asociación Civil Nuestras Realidades, The Hunger Project, El Poder del Consumidor, la Fundación Mídete, la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, la Fundación Interamericana del Corazón, la Red contra el Cáncer, la Red por la Educación, ContraPESO, la Red para el Desarrollo Comunitario, la Red por la Salud, World Diabetes Fund, el Grupo de Estudios Ambientales, la Red Mundial de Suicidiólogos y la Asociación Renal Venados.

ShareThis