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De árbitros a chapulines

El “chapulinismo” es otro de esos vergonzantes términos surgidos de las prácticas políticas e institucionales de México. Entre este tipo de vocablos acuñados desde lo atípico (por no decir aberrante) de nuestra forma de hacer política, encontramos tristemente diversos y muy lamentables ejemplos como el “año de Hidalgo”, expresiones como “hasta que me hizo justicia la Revolución”, “el que no tranza no avanza” y el muy insultante “no me den, sólo pónganme donde hay.”

En el siglo anterior, con el predominio de un partido hegemónico que, para prevalecer con esa calidad de dominante, concedía y dosificaba mínimos de espacio y apertura administrados estratégicamente; los controles y reglas que daban forma a los cambios de administración y/o al cambio de manos y cargos públicos entre prácticamente los mismos grupos de poder, eran de hecho inexistentes. Así, el diputado se convertía en senador, el senador en gobernador, el alcalde en diputado local, éste en federal y demás combinaciones posibles dentro del espectro político y de la administración pública.

De este modo, surgió el “chapulinismo” con actores políticos que sin más, en una lógica permisiva en exceso, solapada y hasta promovida a conveniencia por los factores de poder, saltaban de un cargo a otro sin control, rompiendo la continuidad y la mecánica institucional en aquellas áreas correspondientes a los cargos que abandonaban por tener las miras puestas constantemente, en otro y en otro, futureando.

El derecho electoral que poco a poco se ha venido delineando desde los setentas con sus bondades pero también perversiones, con sus fines encomiables pero sus pocos resultados en lo material y para beneficio de la sociedad; contiene hoy en día un cúmulo de reglas y requerimientos previos que se deben satisfacer por parte de aquellos que aspiren a participar o contender por un cargo de elección popular. Entre estas reglas, actualmente se encuentran las exigencias de dejar ciertos cargos definidos, con un mínimo de antelación expresamente señalada en la normatividad en mención, para poder como he dicho, contender válidamente por el cargo de elección de que se trate. Eso es lo que les pedimos a los candidatos a través de las normas legales aplicables.

Ahora bien, me parece que tal tipo de reglas o requerimientos, deben ser también aplicables o exigibles a los árbitros electorales para evitar que los mismos, se sumen a una inercia de “chapulinismo” como está ocurriendo.

Me explico. Actualmente, se encuentra en curso el proceso de selección de tres Consejeros Nacionales del INE que ocupen igual número de espacios que quedarán libres en breve dentro de dicha institución tras la salida de los Consejeros Sánchez Gutiérrez, Santiago Castillo y la Consejera Galindo Centeno. De hecho, el viernes anterior fue aplicado el examen respectivo a ciento cincuenta aspirantes a dichos cargos nacionales.

Por lo que hace a la estructura del examen, debe mencionarse que el mismo, incluyó cuarenta reactivos en relación con principios constitucionales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Igualmente, cabe señalar que el examen mencionado, tendrá una ponderación del 40% mientras que la evaluación curricular correspondiente y la entrevista que se les haga a los aspirantes tendrá un peso del 60%. Ya aquí, con las ponderaciones mencionadas, me parece que hay cierto sesgo hacia la subjetividad y la discrecionalidad que puede permear al proceso mismo de selección de los árbitros electorales nacionales; sobre todo, si comprendemos que será la Cámara de Diputados del órgano legislativo federal, es decir, un órgano con una originaria naturaleza política, quien al final decida, seleccione y designe.

Pero dejemos este primer aspecto ya problemático de lado y volvamos al argumento central de estas líneas. Si se revisa la lista de aspirantes al Consejo General del INE, nos daremos cuenta de que hay treinta y seis actuales Consejeros Locales que buscan un espacio en el foro nacional cuando sus encargos aún no han acabado y en el mismo caso, se encuentran diversos magistrados actuales de los Tribunales Electorales Locales. Algunos de ellos y eso hay que decirlo, están próximos a terminar el periodo para el que originalmente fueron designados en su momento pero otros, no van ni a la mitad de su encargo. Por tanto, me parece que debemos empezar a pensar en establecer reglas para evitar el “chapulinismo” al interior de las instituciones electorales y entre ellas.

No incluir criterios o normas en tal sentido, considero que afecta doblemente. Por un lado, el debido ejercicio del encargo que aún no concluyen porque en los últimos días, de facto están descuidando su posición y funciones que aún pagamos los contribuyentes porque realicen mientras que muy inquietos se les ve a los aspirantes grillando y haciendo amarres, gestiones y buscando apoyos en todos los foros a los que tienen acceso. En otras palabras, andan en todo, menos en lo suyo. Para ponerlo simple, les estamos pagando porque realicen una función que en realidad quieren dejar de realizar.

Una segunda afectación que considero se genera, es la que se da en las condiciones de equidad que deben prevalecer en beneficio de todos y cada uno de los aspirantes a los cargos que se concursan. Equidad que es claro que se quebranta cuando los chapulines buscan un hueso mayor desde una posición de poder implícito en el cargo que aún detentan y en tal inteligencia, no sólo pretenden usar como plataforma o trampolín, sino que lo usan. Tal acceso y facilidad no la tienen todos los aspirantes y bien sabemos que no es lo mismo que solicite audiencia o que le contesten el teléfono un Consejero o Magistrado que un hijo de vecino que legítimamente busca un espacio en el INE y se somete al procedimiento de selección y designación.

Se podrá contestar contra lo que observo, que no hay ilegalidad en tales actitudes y acciones o incluso que, como he dicho, los cargos de algunos están por acabar, de hecho he leído al menos el último de los argumentos recientemente de algunos de los aspirantes.

Quizá, mi prurito expresado en esta ocasión, pueda en tal sentido descalificarse por quienes tacho de árbitros chapulines pero a pesar de ello, estimo que mi alegato versa sobre principios; esos cuyo ejercicio tanto nos falta y que si no se los podemos exigir a los árbitros de lo electoral (o no caben en ellos), no se a quiénes se los podremos pedir.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA