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Entre expectativas falsas y exigencias necesarias

Dicen que no hay que hacerse expectativas para no salir decepcionado. Las expectativas, suelen ser defraudadas y el culpable, de principio a fin, es uno mismo.

Estas ideas no dejan de dar vuelta en mi cabeza cada vez que pienso en el tan llevado y traído, Constituyente de la Ciudad de México.

Me parece, que de un modo realista, no debemos esperar nada extraordinario del novedoso ejercicio para la capital de nuestro país. Aclaro al lector que no busco ser aguafiestas.

Los motivos que tengo para sostener lo anterior, son en realidad muy sencillos.

Primero. La Constitución de nuestro país define un marco de acción y coordinación de facultades y atribuciones entre la federación, las diversas entidades federativas y la hoy Ciudad de México. Este marco es el que a su vez, define en gran medida los límites, alcances y extensión conceptual de las constituciones de los estados (lo mismo será respecto de la que se va a aprobar aquí), en la inteligencia de que por supremacía de la Constitución federal, ninguna disposición de las locales puede ser contraria a las contenidas en la de toda la Unión.

Segundo. La Ciudad de México en realidad, no ha sido ni será "una entidad federativa más" como muchos piensan y otros, nos han querido hacer pensar. Y es que de origen, la regulación y tratamiento de la capital se establece en términos de artículos diferentes de la Constitución. Es decir, el marco al que me he referido en el párrafo anterior, no es el mismo que para un estado. Además, nuestro estatus jurídico en razón de alojar a los Poderes de la Unión y otras situaciones, también implica otras limitaciones materiales para la posibilidad de que los Constituyentes salgan con algo realmente novedoso de la chistera. Para ponerlo simple, la Reforma Política de la Ciudad de México, en realidad sólo nos acercó un poco más y sólo en lo tocante a algunas materias, hacia lo que es un estado.

Tercero. En mi opinión, el procedimiento viene cargado de origen. Y es que como lo he dicho en entregas previas, el que los poderes políticos se hayan reservado para sí mismos y al margen del control ciudadano, la designación sin procedimientos transparentes y razonables del 40% (cuarenta por ciento) de la integración del órgano constituyente; me parece un exceso injustificable como de igual modo, me lo parecen dos hechos más: (i) el que también de origen, no se hayan previsto cuestiones de género para la integración de la Asamblea (situación que atinadamente resolvió el INE después), y (ii) el haber generado trabas y un piso tan disparejo para los ciudadanos que quisieran integrarse al constituyente por la vía independiente, ya que con el 40% de la integración fuera del control ciudadano, prácticamente se requeriría en un escenario ideal, que obtuvieran el triunfo 51 (cincuenta y una) fórmulas de candidatos independientes para poder tener una integración ajena a las influencias partidarias tradicionales. Lo cual, es imposible.

Cuarto. Son los partidos políticos los que acordaron las reglas del juego así. Esos tan desprestigiados actores que es claro que ahora, no se pueden llamar ignorantes de lo que ellos mismos diseñan, pero que por ejemplo, se quejan amargamente y alegan violación a su derecho de autodeterminación cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les obliga, a través de una acción afirmativa, a incorporar en su lista de 60 (sesenta) postulaciones al Constituyente de la Ciudad de México, una fórmula de jóvenes y una de indígenas. Así es, hablamos de los mismos partidos que deberían recordar cuando, con bombo y platillo, en 2011 expresamente incorporaron en el artículo 1 de nuestra Constitución, que los principios de progresividad y universalidad debían ser rectores en materia de derechos humanos pero hoy parece con sus reclamos, que lo han olvidado.

Por tales motivos, considero que debemos ser realistas y no esperar vanguardismo. No olvidemos que en política no hay lugar para la inocencia y que muchos de los jugadores sentados a la mesa del constituyente o detrás de ella, son actores políticos que tienen sus apuestas federales y/o locales, ya hechas para el 2018. Por eso, nadie se inmolará o expondrá por llevar a la Constitución de la Ciudad de México a la vanguardia mundial.

Así es, por eso creo que tendremos eventualmente en 2017 y el lector lo verá, una flamante Constitución de la Ciudad de México con contenidos refraseados para dar la apariencia de frescura y novedad. Pero eso sí, celebrados, festejados y vitoreados para poder venderlos como un ejemplo de compromiso, la cúspide del diseño institucional y capitalizarlos así, rumbo al año siguiente que para entonces, será el de la carrera hacia la Presidencia.

A pesar de todo ello, algo nos queda a los ciudadanos para resistir y cuestionar. Para presionar y demandar. Se trata de temas fundamentales desde los cuales y para los cuales, si podemos y debemos exigir propuestas claras y diferentes a las contenidas en otras constituciones de estados de nuestro país, precisamente por las características tan especificas de nuestra Ciudad. Además, considero que es inaplazable hacerlo.

Y es que en nuestro contexto actual, es nuestra obligación como ciudadanos, exigir que las plataformas políticas que se nos presenten, partidistas o independientes, incorporen temas de ecología, sustentabilidad y movilidad para la agenda de discusión del órgano constituyente de la capital.

Debemos asegurarnos de que se inserten e incluyan desde ya en la Constitución de nuestra Ciudad, contenidos que se ocupen de estos temas o proporcionen a los gobiernos y autoridades capitalinas, líneas, criterios o principios de acción en relación con éstos, por su vital importancia para la viabilidad misma de nuestra forma de vida.

Si los días recientes no nos han hecho caer en cuenta de que estamos al límite de las capacidades de esta megalópolis por culpa de decisiones postergadas, tomadase con ilegítimos intereses en mente, sin criterios razonables y objetivos; nada lo hará.

La fuerza o el agente político que no tome estas banderas y las haga suyas de cara al proceso constituyente para discutirlas abierta y profundamente, desde mi punto de vista no merece un solo voto porque al dejar de lado o ignorar la relevancia de dichos temas, habrá roto de entrada con un presupuesto básico de la convivencia en democracia y la representación política: tomar en serio y considerar debidamente a todos.

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Que tendrá que suceder, para

Que tendrá que suceder, para que los partidos políticos estén a la altura de sus retos???

 

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA