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Estancias, refugios y baseball

Un tema preocupante no ha dejado de formar parte de las discusiones en las últimas semanas. Me refiero al tema de las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia.

Y es que dentro de la visión del gobierno federal, estos temas inicialmente debían dejar de ser financiados con recursos públicos. Por otro lado, con bombo y platillo se anunció un programa para promover el baseball entre los jóvenes de todo el país. Que quede claro que me agrada el rey de los deportes y que no desestimo la gran afición existente o el semillero tan importante que en muchos casos, ha sido la liga mexicana para las grandes ligas.

Me parece sin embargo, que el tema es otro. Es un tema de prioridades y contenidos constitucionales. Es un tema de principios insertos en el texto constitucional en relación con los Derechos Humanos que el Estado Mexicano en su conjunto, está obligado a respetar, promover y hacer valer a toda costa.

E insisto, no es que no haya un tema de obesidad en el país o que una política adecuada en materia alimentaria y deportiva no sea deseable. Me parece que el punto radica en que el conjunto de estancias infantiles y refugios como los brevemente descritos, han generado un “estado de bienestar” mínimo que a la luz de los principios de “progresividad” (es decir que no se puede dar marcha atrás a lo logrado en materia de Derechos Humanos) e “interdependencia” (que se refiere al hecho de que todo los Derechos Humanos son interdependientes y que por ello vulnerar o no observar o hacer valer uno, implica la afectación a los demás), constituyen una base o un piso que no puede y no debe ser deshecho.

Hacerlo, implica en el caso de las estancias infantiles y sin poder ser exhaustivos por cuestión de espacio, privar a miles de niños de la posibilidad de tener un espacio de desarrollo temprano de su personalidad seguro y controlado con todo lo que ello implica; y a sus madres, de la posibilidad de desarrollarse y contribuir al sustento del hogar en la medida de sus posibilidades que tampoco crecerán, si no tienen el espacio y tiempo para hacerlo. En el segundo caso, es privar a miles de mujeres y sus hijos, de un espacio seguro y de los cuidados necesarios para evitar en muchos casos incluso, ser privadas de la vida y/o maltratadas.

Por eso, lo logrado con esos espacios en forma de estancias y refugios, no puede ser revertido o anulado de un plumazo. Es un paso dado, es un peldaño subido, es un avance en las posibilidades de desarrollo humano (por pequeño que dicho avance sea) que de ser eliminado, afectaría dichas posibilidades de realización de individuos que habrán de dar forma a este país. Abandonarles a sus suerte, es renunciar a la obligación constitucional que el Estado Mexicano tiene frente a todos pero sobre todo, frente a los más vulnerables y con quienes la deuda histórica es incalculable.

Ha habido manifestaciones, amparos, dimes y diretes, reuniones, conferencias y parece, que lo que se decidió fue dar apoyos directos a los hoy beneficiarios de tales programas preexistentes.

Desgraciadamente, hacerlo de ese modo no resuelve el problema. Amén de la puerta que con tales formas se abre a la corrupción que se busca desterrar de origen, el tema no es dar dinero (menos, por cierto), sino la experiencia ganada, la infraestructura humana capacitada y los espacios existentes que redundan en certeza y beneficio de quienes requieren de dichos programas por sus circunstancias. Que redundan, en una posibilidad de avanzar y desarrollarse, de mantenerse al margen de la violencia y el abandono, de vivir con un mínimo de dignidad.

Pensemos nuestras prioridades.

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA