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PRI busca derogar castigo a quien participe en mítines

La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local busca que queden anulados los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal, pues su aplicación ha provocado arbitrariedades de la autoridad, para criminalizar a quienes ejercitan su derecho en protestas y movimientos sociales, “con lo que se transgrede el derecho de libre expresión”.

Así lo manifestó en tribuna el coordinador del tricolor en el Antiguo Palacio de Donceles, Tonatiuh González Case, al recordar que en el año el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dichos artículos, al no quedar “claras y precisas” las figuras de “ultraje a la nación” y “ataques a la paz pública”.

Al presentar la iniciativa, a nombre del grupo parlamentario priista, su líder destacó que la aplicación de estas dos figuras penales, “ha provocado que en diversas ocasiones la autoridad actúe de forma arbitraria, pues ambos artículos son usados para criminalizar a personas que ejercitan su derecho de manifestarse, a través de protestas y movimientos sociales, con lo que se transgrede el derecho de libre expresión”, afirmó el legislador del tricolor.

Explicó que en el artículo 287 del citado Código, el problema de legalidad radica en la utilización de la palabra “ultrajar”, en tanto que para el caso del artículo 362 en la imprecisión de la conducta considerada como delictiva, que no motiva ni detalla de manera precisa en qué consisten los actos contra las personas, los bienes públicos y privados o las acciones, así como el concepto abstracto de “paz pública” y el concepto que conforme a dichos actos “perturbe la paz pública”.

Por ello, González Case consideró que estas medidas son perjudiciales contra el ciudadano que decide expresar sus ideas, pues ejercitar tal derecho puede recaer en una sanción de seis meses hasta dos años de prisión, respecto de la figura de “Ultrajes a la autoridad”, mientras que para la figura de “Ataques a la Paz Pública”, se impone de dos a siete años de prisión y la suspensión de derechos políticos hasta por 10 años.

De allí que el coordinador de los diputados priistas destacó que la legislación penal, “contempla figuras que pueden adecuarse a las conductas realizadas por civiles que afecten de manera relevante la paz pública, por lo que no deja en estado de indefensión al funcionario en el ejercicio o con motivo de sus funciones”, dijo.

Ante este panorama, dijo González Case, el Congreso de la CDMX tiene la obligación de establecer de manera clara y concisa las conductas de la norma, y así su aplicación pueda ser de manera correcta, descartando cualquier posible arbitrariedad.

“De ahí la importancia que le da el grupo parlamentario del PRI, para que sea un compromiso atender las resoluciones de la Suprema Corte y hacer que nuestra legislación penal local no transgreda, ni restringa, los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, tratados Internacionales de los que México es parte, así como de la Constitución de la Ciudad de México”, destacó el priista.

Incluso, recordó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desde hace dos años emitió las recomendaciones 9/2015 y 10/2015, en el sentido de que los artículos referidos sostienen que violan la seguridad jurídica de los ciudadanos, por su carácter ambiguo y abierto, por lo que recomendó la derogación de estos artículos.
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